El cierre de la discoteca Cocoloco de primera línea de la playa de Gandia, que se produjo en febrero de 2013 en virtud de un acuerdo entre los propietarios y el ayuntamiento, ya no va a salir «a coste cero», como se anunció en aquel momento.
Los representantes del actual Gobierno de Gandia alcanzaron ayer un acuerdo extrajudicial para pagar a Becos, la empresa propietaria, 350.000 euros por el alquiler de la discoteca en virtud de un contrato suscrito entre el exalcalde del PP, Arturo Torró, que fue ocultado hasta que el PSPV-PSOE reveló su existencia.
En realidad, ese acuerdo obligaba al ayuntamiento a pagar mucho más, dado que el documento hablaba de 10.000 euros al mes durante 15 años. La suma alcanza 1,8 millones de euros, pero ayer la empresa aceptó 350.000 euros y dar por resuelto el contrato.
Becos se lleva un buen pellizco de dinero público por el cierre de una discoteca que se anunció sin coste para el consistorio, pero lo peor es que ese contrato de «alquiler» de la discoteca no ha revertido ni un euro para las arcas municipales. La planta baja de primera línea de playa ni siquiera ha sido ocupada por el ayuntamiento a pesar de que, por contrato, estaba obligado a pagar 10.000 euros al mes por tener una antigua discoteca cerrada.
Para conseguir el «coste cero», la idea anunciada por el exalcalde del PP en su momento consistía en negociar con una empresa gestora de casinos para que se instalara en el lugar donde durante años estuvo Cocoloco y conseguir, al menos, esos 10.000 euros al mes que equilibraran el contrato suscrito con Becos. Lo cierto, sin embargo, es que no hubo promotor interesado ni en un casino ni en cualquier otra actividad que hubiese dado ingresos al ayuntamiento.
Otro aspecto a tener en cuenta es que el anterior Gobierno local del PP nunca pagó ni un céntimo del contrato de alquiler que firmó, y la empresa Becos tampoco le reclamó judicialmente el dinero, como sí hizo cuando, tras las elecciones municipales de 2015, el pacto entre PSPV-PSOE y Més Gandia desalojó al alcalde del PP.
A criterio de los actuales gestores municipales, el acuerdo extrajudicial para poner fin a ese estéril contrato de alquiler del año 2013 permite ahorrarse dinero, dado que, a criterio de sus abogados, celebrar el juicio que estaba previsto habría podido derivar en una sentencia que le condenaría a pagar mucho más.
Seguramente no será este el único coste que el ayuntamiento tendrá que asumir por la «operación Cocoloco». La empresa también ha demandado al consistorio por haberle cerrado el local a pesar de que, en su día, tanto el ayuntamiento como la empresa dijeron que aquello fue fruto de un «acuerdo» mutuo.
Reacciones políticas
En el capítulo de reacciones, ayer el portavoz del Gobierno, José Manuel Prieto, y Vicent Mascarell, ambos del PSOE, anunciaron que la «operación Cocoloco» se incluirá en la petición de responsabilidades sociales al anterior Gobierno local del PP. Por su parte, el PP hizo lo propio, consideró «lesivo» el acuerdo alcanzado ayer entre el ayuntamiento y Becos y también solicitó responsabilidades a los actuales gestores. Arturo Torró, por su parte, dijo que ese dinero no se tendría que haber pagado y que es fruto de la gestión «de dos pardillos», en referencia a Prieto y Mascarell.
