Los propietarios de los pisos degradados del Cuartel de Simancas que en 2010 abandonaron sus viviendas para derribarlas y construir el nuevo complejo urbanístico, regresarán a sus nuevas residencias esta navidad. Esa es, al menos, la previsión anunciada ayer por la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, tras firmar con la consellera de Vivienda, María José Salvador, el convenio que permitirá liquidar los 7 millones de euros que ha costado una de las actuaciones urbanísticas más significativas de la última década en esta ciudad.
Salvador y Morant explicaron que, cuando entraron a gobernar, hace casi año y medio, la Generalitat y el ayuntamiento se encontraron con un problema que obligaba al consistorio a aportar más dinero, algo imposible dada la precaria situación económica.
Las gestiones realizadas desde ambas administraciones permitió recuperar los 1,7 millones de euros que se iban a perder del Ministerio de Fomento, de ahí que hoy se pueda iniciar el último trámite de Simancas: pagar las obras y tomar posesión de los pisos.
Se trata de 104 viviendas en dos bloques separados por una gran plaza con dotaciones públicas. De ellas, 54 son de antiguos propietarios, y las restantes 60 de la empresa municipal IPG que se destinarán al alquiler.
En las plantas bajas, propiedad municipal, se habilitarán servicios públicos, entre ellos oficinas para asociaciones y un centro de integración social. Bajo tierra, dos plantas de párking permiten el estacionamiento de 350 vehículos.
