«La recuperación, potenciación, puesta en uso y divulgación del patrimonio histórico valenciano, particularmente del monasterio de Santa Maria de la Valldigna. También se promoverán todo tipo de actuaciones en el patrimonio artístico valenciano, y se divulgará la figura del monarca Jaime II». Ese era el objeto principal de la creación de la Fundació Jaume II «el Just», según reza la resolución del 20 de febrero del 2000 cuando la Generalitat, entonces gobernada por el PP de Eduardo Zaplana, la inscribía en el registro de fundaciones autonómicas.
El organismo debía encargarse de gestionar todas las actividades en torno al cenobio cistercense de Simat de la Valldigna, adquirido en 1990 por el Consell para recuperarlo y darle el valor patrimonial que merecía tras años de decadencia en manos privadas.
Hoy, casi 20 años después y lejos de esa declaración de intenciones inicial, la justicia investiga si esta entidad era uno más de los eslabones de la cadena que forma la presunta trama corrupta llamada Operación Taula que salpica al PP de la provincia de Valencia. De lo que no cabe la menor duda es de que lo que pretendía ser un símbolo espiritual valenciano, se convirtió en un instrumento más de las políticas megalómanas de los populares en aquellos tiempos. El ente, hoy en liquidación como anunció el secretario autonómico de Cultura, Albert Girona, hace unas semanas en Tavernes, arrastra un agujero de más de 12 millones de euros.
Gran parte de esta deuda se generó en los tiempos en que Vicente Burgos fue gerente de la fundación. El nombre es conocido. Exesposo de María José Alcón, la concejala de Valencia a la que una grabación pilló contando a su hijo cómo se hacía el «pitufeo» en el grupo municipal del PP en aquella ciudad, llegó al cargo por obra y gracia de Francisco Camps. Eran compañeros de pupitre en el colegio y compartieron militancia en las Nuevas Generaciones que presidió Burgos.
Su nombramiento se produjo el 19 de septiembre de 2003. Hasta entonces era titular del cargo Daniel Cuñat. Este se fue como llegó, silencioso, y regresó a su puesto como profesor.
Burgos, sin embargo, se propuso dejar huella. Camps justificó su nombramiento en la necesidad de «atender objetivos renovados» de la entonces nueva Ley de Patrimonio. Ello precisaba de un perfil más político y, sobre todo, más implicado en el proyecto popular. Antes, Burgos había sido secretario autonómico de Administraciones y dejó el cargo a los pocos meses. Fue repescado por Camps para la causa.
Ya en la fundación puso en marcha un proyecto a lo grande. Además de coordinar las acciones de recuperación de los distintos espacios del monasterio, este ente debía promover actividades en el mismo para promocionarlo como centro cultural y espiritual de referencia valenciano.
Festivales, conciertos, exposiciones, etc. En aquellos tiempos se pagaron 1,3 millones de euros en una muestra titulada «El toisón de oro» y otro millón en el evento musical Balansiyyá. También se invirtió un millón de euros en comprar el claustro del Palacio del Abad, que se encontraba en el Canto del Pico, en Torrelodones. En estos tiempos, todo hay que decirlo, se llevaron a cabo otras actuaciones de recuperación.
Conocedores del funcionamiento de la Fundació aseguran que, en una ocasión, el organismo gastó una ingente cantidad de dinero en trasladar desde París hasta Simat el piano con el que debía tocar una prestigiosa pianista.
Presunta implicación en Taula
Pero la Fundació entonces era mucho más. A través de esta entidad se pagaron azafatas (728 euros) para un evento que ni siquiera fue en el Monestir, sino que se desarrolló en la Catedral de Valencia. También se abonaron 8.346 euros por una barbacoa para 300 personas, 1.346 por una cena o 921 por un vehículo alquilado conducido por el propio Burgos al que, además del precio del arrendamiento, se sumó una reparación de más de 300 euros. Algunos de estos eventos se organizaron en precampaña electoral.
Por la fundación también pasó un hombre desconocido entonces pero muy famoso actualmente, Macos Benavent, el autodenominado «yonki del dinero».
Una de las empresas a las que más contrató Burgos fue Thematica Events. Esta sociedad facturó al ente que gestiona el monasterio de la Valldigna 1,6 millones de euros para organizar eventos como un festival de música de tecla, que costó 240.000 euros o la Multaqa, por la que cobró 116.000. La justicia investiga ahora si esta mercantil pagó «mordidas» del 3 % de los contratos a los dirigentes populares.
Burgos cesó como gerente en el año 2007. Se fue dejando un agujero de nueve millones de euros y para pagar esa deuda, el Consell pidió un crédito de más de 11 millones de euros al Institut Valencià de Finances del que no se ha satisfecho ni una sola cuota. A Burgos le sustituyó Anabel Trujillo, que fue concejala por el PP en el Ayuntamiento de Alcoi anteriormente.
