El Ayuntamiento de Gandia reveló ayer que va a tener que pagar 315.620 euros al abogado y la procuradora que, contratados por el exalcalde de la ciudad, Arturo Torró, llevaron dos juicios en la pasada legislatura, uno contra los bancos y otro contra la empresa del hotel Gandia Palace.
Esa cantidad de dinero es fruto de un acuerdo, firmado a finales del pasado septiembre, entre los liquidadores de la empresa municipal IPG y el representante de Germanías 82 Abogados, y pone fin a un largo litigio mantenido entre las dos partes a partir del momento en que el PP abandonó el Gobierno de Gandia tras las elecciones municipales de 2015.
En ese acuerdo el abogado Fermín Rabal, que solicitaba el pago de 358.419 euros, asume finalmente una rebaja de más de cien mil euros y se queda con 232.972, que, sumados a los gastos de la procuradora, sitúan la factura total por esos dos juicios en más de 315.000 euros.
La elevada factura de ambos pleitos se debe a que el exalcalde de Gandia, Arturo Torró, no negoció con el abogado un contrato previo para llevar los dos casos que se le encargaron, de manera que el letrado y la procuradora aplicaron la tarifa estipulada por el Colegio de Abogados de Valencia.
Los dos juicios que Torró encargó a Rabal que están en el origen de esta factura son, por una parte, las demandas contra los bancos que exigían el pago de los créditos que, por valor de 22 millones de euros, se habían contraído en anteriores legislaturas y que Torró dejó que abonar a partir del mes de septiembre de 2012. Torró dijo que adoptó esa insólita medida al considerar que aquellos créditos, firmados la mayoría por el exalcalde socialista José Manuel Orengo, podían ser «ilegales», algo que nunca logró demostrar.
El segundo proceso judicial se refiere a la compra de la galería comercial del hotel Gandia Palace, que Torró llevó a cabo con mucha polémica a principios de la pasada legislatura por un montante de 6,7 millones de euros. En un momento dado, el exalcalde del PP dijo que se había dado cuenta de que había sido «engañado» por la propiedad y contrató al abogado para intentar que aquella compra fuera declarada nula.
Como era esperable, tanto el impago de los créditos bancarios como el intento de anular la compra de la galería del hotel Gandia Palace fueron casos perdidos por IPG, lo que no es motivo para que la empresa pública municipal tenga que asumir el pago a la empresa de letrados que llevó ambos procedimientos.
Habida cuenta de que una parte del dinero ya ha sido abonado, el ayuntamiento y el letrado han llegado a un acuerdo para liquidar lo que falta en 14 meses.
Se da la circunstancia de que Rabal también lleva ahora la defensa del exalcalde del PP y de otros concejales o cargos de confianza del anterior Gobierno local acusados por causas relacionadas con su gestión pública, y también ha sido contratado para dirigir la acusación contra la actual alcaldesa, Diana Morant, y otros concejales o cargos socialistas que han sido denunciados por los dirigentes del PP gandiense.
