Esta semana pasará a la historia como uno más de esos periodos «horribilis» para la empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), dado que tres episodios han sido suficientes para incrementar en medio millón de euros los números rojos de la mercantil que, al final, acabarán pagando todos los ciudadanos.
Como publicaba Levante-EMV el pasado miércoles, se ha alcanzado un «acuerdo» para pagar más de 315.000 euros al abogado y la procuradora que Arturo Torró contrató para dos juicios que se perdieron. Ayer se revelaron dos sentencias que elevan en casi cien mil euros el montante a abonar por la mercantil pública, que está en fase de liquidación.
En ambos casos, como el del abogado, el dinero se tendrá que pagar por acciones realizadas por el exalcalde de la ciudad. Por una parte, la primera de las sentencias obliga a indemnizar con 42.000 euros a la empresa Gestiones Técnicas de Desarrollo Económico, participada por Daniel Furió, quien fue, a su vez, el primer gerente de IPG nombrado por Arturo Torró al principio de la legislatura pasada.
El dinero a esa empresa se pagará porque Torró renovó un contrato de un año pocas semanas antes de dejar la alcaldía. Esa empresa se encargaba de pagar a Lola Moncho, que era miembro del Consejo de Administración de IPG y asesora de Torró. Y lo sorprendente es que Moncho es madre de Daniel Furió, responsable de la empresa que facturaba a IPG la misma cantidad que ella cobraba. En su día el PSOE ya denunció que se traba de una cesión ilegal de trabajadores, pero la justicia ha considerado válido el contrato firmado semanas antes del cambio de legislatura y obliga a IPG a abonar el montante por el año completo.
En este juicio el exalcalde Torró ha declarado en favor de la empresa que pagaba a Moncho y, consiguientemente, contra el Ayuntamiento de Gandia.
La segunda sentencia obliga a IPG a pagar más de 36.000 euros a la empresa BAPP, participada por Manuel Lamela, que fue consejero del PP en el Gobierno regional de Madrid, por un estudio sobre el puerto de Gandia que también encargó Torró y que, según los socialistas, «no ha servido de nada».
José Manuel Prieto, portavoz del Gobierno gandiense, señaló ayer que el casi medio millón de euros que IPG tiene que pagar por actuaciones realizadas en la anterior legislatura responden a «intereses inconfesables» del PP, y añadió que todo dinero equivale «a la subida del IBI en cuatro mil viviendas de Gandia».
Prieto y Vicent Mascarell, uno de los liquidadores de IPG, añadieron que el PP está «saqueando las arcas públicas con el mando a distancia» y advirtieron de que estas acciones también se incluirán en la petición de responsabilidades a los anteriores gestores.
El PP, por su parte, señaló que «la justicia viene fallando en contra, de manera sistemática, contra el 'modus operandi' de los socialistas, quienes iniciaron la legislatura asaltando los despachos, sin un protocolizado traspaso de poder, como marca la legislación, despidiendo de manera ilegal a muchísimos empleados que reciben el apoyo de los sindicatos».
