La forma de inscribir en el Padrón municipal en ocasiones ha sido motivo de polémica, pero nunca como ocurrió en la pasada legislatura en Gandia. El entonces alcalde, Arturo Torró, del PP, anunció que, previa inscripción de extranjeros, remitiría los documentos a la Policía Nacional para «comprobar» si tenían historial delictivo. Aquello generó quejas al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges, organismos que, casi simultáneamente, concluyeron que esa forma de proceder era ilegal y que el ayuntamiento debe limitarse a empadronar, dejando a la Policía que, en su caso, realice las averiguaciones que considere oportunas. Torró, pese a todo, se negó a cambiar de procedimiento y fue la nueva alcaldesa, Diana Morant, la que devolvió la legalidad al sistema de empadronamiento de Gandia. s. s. gandia
