Aquellas empresas que apliquen criterios de igualdad, fomenten la inserción o contraten a mujeres que hayan sido víctimas de violencia machista tendrán, desde ahora, más posibilidades para acceder a cualquier tipo de contrato que salga del Ayuntamiento de Gandia.
La decisión, aprobada ayer por el Gobierno local del PSPV-PSOE y de la coalición Més Gandia, es de aplicación inmediata, y sitúa a este consistorio entre los primeros de la Comunitat Valenciana en hacer efectivo un «contrato ético y de responsabilidad social» que afecta a aquellas empresas que quieran adjudicarse a alguna de sus obras o un servicio público.
Hasta donde la ley permite, estas empresas «éticas o socialmente responsables» ganarían unos puntos en el cómputo general de la licitación del contrato, pero seguirá siendo más importante la garantía del cumplimiento de las condiciones del mismo o que lo hagan a un precio menor que el resto de concursantes.
«Con satisfacción», según señalaron ambos, los encargados de presentar este acuerdo fueron José Manuel Prieto y Lorena Milvaques, portavoces del Gobierno local y también de sus dos grupos, el socialista y el de Més Gandia, dado que se trata de un aspecto que ambas formaciones llevaban en sus programas electorales.
Muchos son los criterios que desde ahora darán puntos para quedarse un contrato municipal en Gandia. Entre estos destaca que la empresa promueva la igualdad entre hombres y mujeres, tanto en la plantilla como entre los puestos de responsabilidad de la misma. Se tendrán en cuenta aquellas firmas que presenten o ya estén aplicando planes de inserción social mediante la contratación de personas que estén en el paro, con discapacidades, que estén en riesgo de exclusión social o de mujeres que hayan denunciado violencia machista.
Conciliar vida laboral y familiar
De la misma manera, se prima a las que aporten certificados por establecer horarios de trabajo que permitan a los trabajadores conciliar la vida laboral y familiar. Y también suma la estabilidad de los contratos realizados, con más puntos cuanta más plantilla disponga de contratos indefinidos frente a los temporales.
En el aspecto ambiental, darán puntos en la baremación de un concurso poder certificar un programa de eficiencia energética, usar papel reciclado o ausente de cloro o, como podría ocurrir para gestionar los comedores de las guarderías, utilizar productos ecológicos. Con criterio general, también logran puntos las firmas que se incluyan en la certificación el llamado «comercio justo», aquel que garantiza que todos sus productos han sido elaborados por personas a las que, en cualquier país del mundo, se les garantizan los derechos laborales, un sueldo y un horario que les permita vivir con dignidad.
Finalmente, a las cláusulas de responsabilidad ética, ambiental y social se añade el de valencianía, dado que puntuarán más aquellas empresas que usen el valenciano y garanticen a los ciudadanos que puedan mantener la relación con la empresa en esa lengua oficial.
La vicealcaldesa Lorena Milvaques y el concejal José Manuel Prieto señalaron ayer que este ha sido un trabajo «magnífico y muy importante», y que la iniciativa era «necesaria» para situar a Gandia al frente de las administraciones que apuestan por la ética.
El PP, por su parte, emitió un comunicado en el que el concejal Vicent Gregori consideró «acertada» la medida, aunque la cree «estética si la contratación pública no deja de hacerse a dedo».
