El Tribunal de Cuentas, un organismo independiente de la Administración del Estado, ha abierto diligencias de investigación por posibles responsabilidades contables ante las tranferencias de dinero que, en la pasada legislatura, el alcalde de Gandia, Arturo Torró, llevó a cabo desde el ayuntamiento hacia la empresa Iniciatives Públiques Gandia (IPG).
En concreto, el Tribunal de Cuentas, con sede en Madrid, sospecha que se han producido irregularidades en la concesión de 6,7 millones de euros que, a lo largo del ejercicio de 2014, salieron de las arcas públicas del consistorio para financiar actividades de IPG.
Esas operaciones financieras se realizaron con un informe de ilegalidad del interventor municipal, quien alertó al alcalde de que el ayuntamiento, en cumplimiento del Plan de Ajuste Económico, tenía prohibido «realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital de entidades públicas, empresariales o de sociedades mercantiles que tengan necesidades de financiación».
Pese a esa advertencia, Torró en calidad de alcalde de Gandia, firmó los decretos que permitían «saltarse» esa ilegalidad y así transferir el dinero, que se destinó a actividades de IPG.
En este caso, confluye otra circunstancia, y es que al menos 3,5 millones de euros de ese total de 6,7 fueron transferidos del ayuntamiento a IPG en forma de «créditos a corto plazo», pero cumplido el periodo estipulado, ni IPG devolvió el dinero al consistorio ni el Gobierno local, con el alcalde al frente, exigieron su retorno.
Lo que el Tribunal de Cuentas investiga ahora es si un ayuntamiento que el PP local se esforzaba en reiterar que estaba «en quiebra» y sometido por el Ministerio de Hacienda a un estricto Plan de Ajuste Económico para sanear las cuentas cometió ilegalidad al transferir dinero a una empresa que, según señalaba igualmente el alcalde, debería haberse cerrado hace años porque también era «una ruina».
Las operaciones de crédito supuestamente ilegales del ayuntamiento a IPG se conocieron al final de la pasada legislatura. Fueron los socialistas quienes revelaron la documentación que probaba lo que consideraron un «desvío» de dinero público hacia la mercantil IPG para financiar actuaciones que el ayuntamiento tenía prohibidas.
Más de 10 millones transferidos
La acción del Tribunal de Cuentas se suma a la investigación que también está llevando a cabo el Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia a partir de la denuncia que los socialistas presentaron por esta misma cuestión. En esa causa ya ha declarado el propio exalcalde.
El proceso judicial que se sigue en Gandia alcanza una dimensión económica mayor al elevar a más de 10 millones de euros las transferencias o créditos sin retorno que el ayuntamiento le pasó a IPG.
El Gobierno de Gandia ya ha nombrado abogados para personarse en el Tribunal de Cuentas, con el que colaborará para esclarecer las posibles responsabilidades que se deriven de ello. Entre las potestades de ese organismo figura la obligación de que el responsable, en este caso el alcalde, tuviera que devolver la cantidad transferida ilegalmente.
