El exalcalde de Gandia, Arturo Torró, está convencido de que no existe ninguna irregularidad en las transferencias de capital que, en la pasada legislatura, llevó a cabo desde el ayuntamiento a la empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG), y defiende que se trató de un procedimiento para financiar encomiendas de gestión que la institución le encargaba a la mercantil.
Como publicó ayer Levante-EMV, el Tribunal de Cuentas sí que ha visto la posibilidad de irregularidades en esas operaciones, dado que el consistorio se encontraba sometido a un Plan de Ajuste Económico que, como su nombre indica, le obligaba, por ley, reducir el gasto al máximo. El Tribunal de Cuentas se ha puesto a investigar la transferencia de 6,7 millones de euros del ayuntamiento a IPG, operaciones realizadas durante el año 2014 con el informe en contra del interventor.
El exalcalde del PP señaló ayer que, para levantar los reparos de ilegalidad que emitía el funcionario municipal que fiscaliza las cuentas, el ayuntamiento dispone de un informe «de un despacho de juristas cualificados», documentación que, según Torró, está en poder del Gobierno local y que debería remitir al Tribunal de Cuentas para que tenga constancia de que, en su opinión, no se cometía ninguna ilegalidad.
«Ese informe interpreta la operación de crédito propuesta a IPG de forma diferente a la del interventor municipal, y en él se basa el decreto de Alcaldía que resuelve la discrepancia», indicó ayer Arturo Torró.
Informe de Hacienda
De la misma manera, para defender que todo se hizo dentro de la ley, el exalcalde del PP aporta otro documento remitido por el Ministerio de Hacienda y que figura en su pliego de defensa en el proceso que, tras la denuncia del Partido Socialista, mantiene abierto el Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia por esas mismas transferencias del Ayuntamiento de Gandia a IPG.
En uno de los párrafos de ese informe el subdirector general de Intervención del Ministerio de Hacienda, Fernando Rojas, señala que, como IPG es una empresa cien por cien de capital municipal, «nada impide que el propietario de la sociedad», en este caso el ayuntamiento, «distribuya su tesorería de la forma que estime más conveniente, aprobando los planes de disposición de fondos y los presupuestos de tesorería necesarios para la mejor gestión de la empresa».
Como publicó ayer este periódico, el Tribunal de Cuentas, un organismo independiente de la Administración del Estado, investiga las posibles responsabilidades por la transferencia de 6,7 millones de euros del ayuntamiento a IPG incumpliendo el Plan de Ajuste Económico al que estaba sometido en el año 2014, pero la denuncia que los socialistas presentaron elevan esa cifra a más de diez millones de euros en el conjunto de la legislatura. La mayor parte de ese dinero, que se transfirió en forma de créditos, no tuvo retorno a las arcas municipales.
En una valoración más política, el exalcalde popular señaló ayer que, pese a que en este caso el Tribunal de Cuentas ha actuado de oficio, este nuevo proceso a la gestión que llevó a cabo en la pasada legislatura responde «a otro intento del Gobierno local actual de ensuciar al PP y el nombre de Arturo Torró».
