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Conflicto vecinal

Gandia ha reclamado ayuda varias veces al fiscal para la familia de la calle Alfauir

El departamento de servicios sociales lamenta que se haya hecho caso omiso a los constantes requerimientos. En la vivienda se acumula basura y habitan hasta nueve perros. En algunos casos se han podrido en el interior de la vivienda cadáveres de cachorros.

El Ayuntamiento de Gandia ha requerido en varias ocasiones a la Fiscalía que tome las medidas que considere oportunas para encontrar una solución al problema que padece la familia que reside en el número 4 de la calle Alfauir, en una vivienda en la que conviven con unos nueve perros y con montones de basura acumulada. Esta situación genera muchas molestias al resto de propietarios, que denuncian que los malos olores que emanan de dicho piso han invadido toda la escalera.

Como publicó Levante-EMV la pasada semana en exclusiva, la comunidad ha presentado una demanda ante el juez en la que reclama medidas cautelares para que se pueda acceder a la vivienda con una orden judicial -la familia no deja entrar a nadie- con el objetivo de limpiar, sacar a los animales del interior y retirar todos los restos acumulados. La vista se celebró el martes pasado y está a la espera de resolución.

Los propietarios señalaron que acudieron a la justicia por la inactividad de la administración local, que, según apuntan, no ha hecho nada pese a los constantes requerimientos de los vecinos.

Desde el departamento de Servicios Sociales negaban ayer esta afirmación. Técnicos del área explicaron a este periódico que son conocedores del caso «desde hace años» y que sí que se ha llevado a cabo un seguimiento del mismo.

Entre otras medidas, señalaron, se ha puesto, en varias ocasiones, toda la información de la situación en la que se encuentra la familia al servicio de la Fiscalía para que tome una determinación, sin haber recibido nunca respuesta. Y es que solo el fiscal puede decidir si se somete a la familia a una inspección por parte de un forense que determine que la mujer y su hija , que son las que habitan la vivienda, deben ser incapacitadas o reubicadas en una residencia pública bajo tutelaje de la administración.

Los técnicos dejan claro que sus actuaciones no están destinadas a acabar con la molestia que generan al resto del edificio sino «a proteger a esas personas que, por sus comportamientos, ofrecen síntomas de que sufren algún tipo de problema». Es algo que en última instancia debe dirimir un facultativo, que, además, debe proponer el tratamiento adecuado para tratarlo.

El concejal, Nahuel González, por su parte, corroboró el compromiso de su Gobierno local con todas las personas y familias de Gandia que se encuentran en esa situación y criticó la «falta de coordinación y recursos» que sufre la administración para tratarlas. El edil hablaba, por ejemplo, de la ausencia de plazas públicas en residencias o lo alto que ponen el listón algunos médicos para certificar una incapacidad.

El escenario que narran los vecinos del edificio es el de una vivienda sin agua ni luz, con nueve perros en su interior que apenas salen a la calle, basura acumulada y con cadáveres de cachorros en putrefacción.

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