La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado los recursos contra la admisión a trámite de la querella que se sigue en el juzgado de Instrucción número 3 de Gandia contra la alcaldesa de la ciudad, Diana Morant, y otras cuatro personas, dos responsables políticos y otros dos funcionarios, que fueron acusados por el PP de varios delitos por, presuntamente, impedirles que accedieran a los despachos municipales que habían ocupado desde el momento en que Morant fue investida nueva alcaldesa de la ciudad.
Los acusadores, entre ellos el exalcalde del PP, Arturo Torró, consideran que Diana Morant, Salvador Gregori, Vicent Llorens, Lorenzo Pérez y Vicente Todolí cometieron los delitos de prevaricación, revelación de secretos, falsificación documentos y coacciones cuando, a partir del pleno de investidura del 13 de junio de 2016, se impidiera el acceso a cargos que habían sido del PP a los despachos que hasta ese momento habían ocupado.
La alcaldesa dio esa orden para, según dijo, preservar la documentación y los archivos informáticos existentes en el ayuntamiento, de cuya custodia ya era responsable, toda vez que se habían dado casos de desaparición de documentos oficiales.
La orden dada por la alcaldesa de la ciudad afectó tanto a las dependencias del ayuntamiento, especialmente en el edificio consistorial de la plaza Major, como a la sede de Iniciatives Públiques Gandia (IPG), la empresa municipal en la que se llevaron a cabo cientos de actuaciones opacas realizadas con la transferencia de dinero del ayuntamiento.
Los cinco acusados del PP, que ahora tendrán que declarar ante el juzgado de Gandia en calidad de investigados, presentaron un recurso ante la Audiencia de Valencia solicitando la desestimación de la querella, pero acaba de ser rechazado. Dicen los jueces de la Audiencia que, sin prejuzgar la causa, «de ser ciertos los hechos denunciados por el PP, podrían considerarse delitos».
A través de un comunicado, el PP de Gandia reiteró ayer la denuncia formulada y dijo que después del pleno de investidura «se impidió el acceso a las dependencias de trabajo de diversos empleados públicos, así como a los concejales salientes» y que esa acción se realizó «por personas no autorizadas para llevar a cabo dichos fines, por personal político que ni siquiera había sido nombrado y que se entienden en la órbita del PSOE». En la misma nota el PP «lamenta» la imagen que estos hechos que se sustancian en los juzgados pueden ofrecer al conjunto de la ciudad.
