Diana Morant siempre ha defendido que su actitud al cerrar despachos e impedir que los anteriores cargos del PP accedieran a los ordenadores municipales fue la correcta, de ahí que, al conocer que la querella de Torró y los otros cargos del PP seguía adelante, señaló que su declaración ante la juez «permitirá aclarar la situación y reafirmar la necesidad de la medida adoptada, ya que permitió que el secretario y el interventor municipales pudieran custodiar los documentos y equipos informáticos para salvaguardar los intereses de la ciudadanía».
Morant insistió que «en ningún momento se negó la entrada a los funcionarios, pero sí a cargos de confianza del PP», y recordó que, poco después de que fuera investida alcaldesa, dos cargos del PP intentaron acceder a dependencias municipales de noche y en fin de semana. s. s. gandia
