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Tribunales

La juez archiva la querella de Orengo contra Torró por el contrato de Tele7 Safor

El exalcalde socialista acusó al del PP de varios delitos al considerar que había transferido dinero público a su propio grupo de empresas - La dimisión como concejal en el Ayuntamiento de Gandia coincidió con su citación en calidad de investigado

La juez archiva la querella de Orengo contra Torró por el contrato de Tele7 Safor

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia ha archivado la querella que el exalcalde socialista, José Manuel Orengo, y el exconcejal Vicent Mascarell, presentaron contra Arturo Torró, Víctor Soler y José Codina, que después se ampliaría a a otras personas, a quienes acusaban de varios delitos relacionados con el contrato que la empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG), de la que Torró era presidente, firmó en 2012 con la emisora Tele7 Safor.

Los querellantes consideraban que aquel contrato para la emisión de programas, valorado en 1,5 millones de euros a lo largo de tres años, además de estar amañado, suponía una transferencia de dinero público a una firma que formaba parte del grupo de empresas en el que participaba Torró.

En su argumento, Orengo y Mascarell señalaban que el dinero del contrato con Tele7 Safor, firmado con la mercantil Inversiones Especiales del Mediterráneo, terminaba en las manos de Propulsa, firma cuyo gerente, Jorge Masià, estuvo vinculado a empresas de Arturo Torró.

La juez, después de practicar las pruebas que ha estimado conveniente y de tomar declaración a los afectados, considera que compartir cargos en empresas no es, por sí mismo, constitutivo de infracción penal alguna, «si a ello no se acompaña de ningún otro elemento que permita apreciar, al menos de manera indiciaria, la comisión de infracción penal alguna», y, consiguientemente, no ve los delitos contra la Administración de los que Torró fue acusado.

En la misma línea se expresa respecto a los otros implicados en esta querella, José Vicente Codina, Josep Lluís Jiménez, Antonio Abad, Javier Reig y Juan Antonio Juárez que, según el auto judicial que se dio a conocer ayer, diseñaron y ejecutaron el contrato con Tele7 desde la empresa IPG «de acuerdo con los estatutos y las normas internas de funcionamiento de IPG, sin que se aprecie ninguna irregularidad o infracción en la tramitación de dicho procedimiento». El auto de sobreseimiento provisional de la querella afecta a todos ellos.

Desde el pasado mes de enero una larga relación de personas que tuvieron cargos de responsabilidad en el Gobierno local que dirigía Arturo Torró o en la empresa municipal IPG aportaron su testimonio en la causa. El propio Torró negó ante la magistrada las acusaciones de Orengo y Mascarell. Dijo que «nunca» había comprado o sido propietario de Tele7, aunque sí la apoyó en su momento porque esa televisión era «la única de Gandia que daba voz al Partido Popular».

La querella de Tele7, de la que ahora Arturo Torró ha quedado liberado judicialmente, tuvo como destacada consecuencia política la dimisión del exalcalde como concejal del PP de Gandia, hecho ocurrido a finales de enero de 2016, cuando la juez lo citó en calidad de investigado, si bien el dirigente del PP siempre alegó que fueron causas personales y familiares. Aunque entonces señaló que iba a mantenerse como presidente del PP de Gandia, la lideresa del partido en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, prefirió que renunciara a ese cargo para evitar que se relacionara al PP con casos de irregularidades o corrupción política, algo que Torró aceptó. Su lugar, tanto en el ayuntamiento como en el partido, fue asumido por Víctor Soler.

Pese a eso, la «guerra judicial» sigue entre dirigentes socialistas y populares de Gandia. El exalcalde aún sigue como investigado por otras querellas y, paralelamente, Orengo, la actual alcaldesa Diana Morant y otros cargos socialistas también figuran investigados por acciones judiciales auspiciadas por el PP.

El PP: «Una cacería política»

Ayer, al valorar el archivo de la querella de Tele7, el PP de Gandia emitió un comunicado en el que criticó «la maniobra infructuosa del gobierno de Diana Morant por intentar crear una cortina de humo que hiciese creer a la opinión pública, que la gestión del PP era corrupta».

Añaden los populares que esta acción judicial se enmarcaba «en una cacería política en toda regla, en la que se están empleando recursos públicos en atacar a los populares, aunque sin logro alguno». El partido concluye manifestando su «tranquilidad» sobre estos asuntos y su «confianza en el sobreseimiento de todos los frentes abiertos por los socialistas».

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