El Ayuntamiento de Gandia ha retirado al Consell dels Joves de Gandia (CJG), del concurso de asistencia a la vigilancia en el cumplimiento de la escolarización obligatoria de esta ciudad, que tiene como misión evitar el absentismo escolar que se produce, generalmente, en familias desestructuradas o en riesgo de exclusión social.
A este concurso se habían presentado dos propuestas. Una, la de la cooperativa Llavors, que lleva muchos años realizando esta tarea para el ayuntamiento. Otra, la del CJG, que sorprendió con un proyecto propio para una actividad «delicada» y que requiere de una experiencia que las mismas bases sitúan en un mínimo de tres años.
Llavors planteó una oferta que costaba 63.636 euros para un periodo de un año, mientras que el CJG abarató su propuesta hasta los 50.909. Bajo el criterio económico, y teniendo en cuenta que ambas cumplían el pliego de condiciones, el CJG se iba a adjudicar el servicio, pero finalmente no será así.
Fue en la última reunión de la mesa de contratación cuando surgió la duda sobre si el CJG tenía esa suficiente experiencia requerida para llevar a cabo el plan de vigilancia contra el absentismo escolar, dado que nunca antes la había llevado a cabo.
Varios técnicos municipales plantearon una posible «falta de solvencia» en un servicio que resulta delicado porque trata tanto con centros escolares como con alumnos y padres de familias desestructuradas, e incluso conflictivas. Otros funcionarios señalaron en esa reunión que el CJG tiene sí tiene solvencia en aspectos de educación, pero no en el caso concreto de abordar el absentismo de alumnos a las aulas, lo que mantuvo las dudas.
La Asesoría Jurídica del ayuntamiento se unió al criterio de que no existe esa solvencia demostrada durante 3 años en materia de absentismo y la mesa, por mayoría, decidió apartar al CJG, lo que deja a la cooperativa Llavors la adjudicación de este servicio, algo que podría producirse en unos días.
En el ámbito político, hubo división de opiniones incluso en el seno del Gobierno local. José Manuel Prieto, del PSPV-PSOE, que preside esa mesa, votó a favor de considerar, basándose en el informe de la asesoría jurídica, que el CJG no reunía la experiencia suficiente, mientras que Xavier Ródenas, de Més Gandia, mostró la postura contraria y expresó que era partidario de entregar ese servicio a la entidad juvenil. Andrés Puig, del PP, optó por la abstención.
Valoraciones políticas
En su valoración, Andrés Puig criticó que, al margen de la cuestión de fondo, en pleno mes de diciembre el ayuntamiento aún no haya adjudicado este contrato, lo que previsiblemente ha dejado sin asistencia a los alumnos abstencionistas. «Algo falla en la gestión», indicó el concejal Puig, quien añadió que «nos extrañó lo que pasó en la Mesa de Contratación» porque «una empresa acredita con documentación lo exigido y logra más puntos que otras empresas y en cambio no es la adjudicataria. Debe ser la primera vez, que esto sucede».
Le contestó el concejal de Administración y presidente de la Mesa de Contratación, José Manuel Prieto, quien señaló que fueron «los informes técnicos» los que determinaron que el CJG «no reunía la solvencia que se pedía en el pliego de condiciones, vinculado al objeto del contrato, que es el absentismo escolar».