«Compraremos cadenas bien largas». «Nos atrincheraremos». Eran expresiones medio en broma medio en serio pero que resumen la intención de la veintena de empresarios que tienen un despacho alquilado en el edificio del Foro Manuel Broseta de Gandia. Se enfrentan a un desahucio, previsto para el viernes de la semana que viene, pero ya han avisado que intentarán pararlo, «esperando en la puerta para que no entre la comisión judicial si hace falta», señalaban ayer a Levante-EMV en una estancia de este edificio.
Lo cierto es que, según una notificación que les hizo llegar IPG, la empresa pública municipal de Gandia, que gestiona el edificio, hace aproximadamente un mes y medio, tenían que haber abandonado las dependencias el pasado 30 de noviembre. Sin embargo, hoy siguen allí. Aunque algunos aseguran que no se han marchado porque no encuentran un lugar con las características necesarias para instalar a su empresa, la mayoría dicen que «no tenemos notificación de ningún juzgado ni de IPG de que nos vayan a desalojar», señalan.
«Lo único que tenemos es medio folio que nos trajo un policía local para que firmáramos la baja voluntaria», explican. Solo dos decidieron hacerlo. Otros se fueron y ya está, pero la gran mayoría siguen en ese lugar y tienen intención de mantenerse hasta las últimas consecuencias.
Si saben la fecha del desahucio, que el edificio está en concurso de acreedores y que hay una sentencia que obliga a desalojarlo es «porque nos hemos movido nosotros, porque aquí nadie ha venido a informarnos de nada». De eso es de lo que más amargamente se quejan, del trato recibido por parte del Ayuntamiento de Gandia y de la ausencia de soluciones a su problema.
Se trata de pequeñas empresas o autónomos que en su día apostaron por instalarse en los despachos que ofrecía el Foro Manuel Broseta porque pagaban 150 euros de alquiler, con todos los gastos incluidos.
Si no abandonan es porque tienen aún sus contratos en vigor, la mayoría de ellos hasta 2017, y se preguntan qué pasa con la inversión que han hecho. Uno de los afectados señala que «hace tres o cuatro meses fui a comprar muebles para la oficina y me he gastado un dineral imprimiendo tarjetas en la que figura esta dirección». Además, denuncian que IPG gestionó nuevos contratos o los renovó cuando ya sabía que se iba a cerrar.
La responsable de otra empieza apunta que «nosotros vinimos aquí bajo la premisa de que no nos moveríamos, porque para nosotros es más fácil comprar el local que hacer un traslado. No podemos parar ni un segundo», señalaba. De hecho, esta mujer asegura que la mercantil a la que representa movió hilos para poder quedarse el centro, pero finalmente no cuajó.
Los empresarios dicen que han recibido de la sociedad Fomento de Agricultura, Industria y Comercio de gandia para instalarse allí. Sin embargo, de momento lo rechazan, en tanto que las condiciones que les ofrecen no se acoplan a sus intereses. «Nos habilitan una sala para poner mesas y estar todos juntos, pero eso no es posible porque necesitamos un espacio para recibir a los clientes», apuntan, y añaden que la posibilidad de disponer de despachos separados no sería posible hasta septiembre de 2017.
Alargar el plazo
Todos son conscientes de que, al final, tendrán que abandonar el centro. Pero no quieren hacerlo sin más. Por ello, el próximo viernes, 16 de diciembre, fecha prevista para el lanzamiento, se presentarán en el local como cada día. «Si estamos dentro no lo precintarán», apuntan esperanzados. El principal temor es que «cierren esto y se queden nuestras cosas dentro. Ordenadores, muebles, etc, todo lo necesitamos para trabajar», señalan.
Su intención es tratar de alargar el plazo para el desahucio «porque nos dieron muy poco tiempo para buscar una alternativa», apuntan. No descartan denunciar a IPG ante los juzgados y hay quien no duda en señalar «aquí hay un interés oculto en cerrar esto, que no nos quieren decir».
