El coordinador general de Economía y Hacienda, Salvador Gregori, acusó el pasado lunes al grupo municipal del PP de «cinismo» por criticar la ampliación de la zona azul para mejorar la rotación del aparcamiento en varios puntos de la ciudad, al asegurar que ese mismo proyecto era el que, en la pasada legislatura, era el que había adjudicado el gobierno popular pero que fue impugnado por una empresa. Según Gregori, la única diferencia es que el PP tenía previsto ampliar a 618 plazas, cuando el actual Ejecutivo lo hace en 617 «por unos reajustes que hemos realizado», señalaba.

Gregori, además, sacó a relucir un estudio elaborado en 2013 y dirigido por Cristina Serrano, la asesora contratada por Arturo Torró en la pasada legislatura y que preveía, «7.500 plazas de zona azul en la playa durante los meses de julio y agosto», además de otras 400 en la ciudad. A esto, prosiguió Gregori, se sumaba la intención de cobrar un euro por aparcar en todas las campas de Gandia y rescatar la gestión de los parkings subterráneos para lo que Torró pretendía crear una empresa mixta. «Menos mal que se dieron cuenta de que aquello era una barbaridad y finalmente no lo pusieron en marcha», indicó Gregori.

Por su parte, Àngels Pérez, concejala de Movilidad, salió en rueda de prensa junto a Gregori para justificar la decisión de ampliar la zona azul.

Insistió en que se trataba de una «demanda ciudadana», que, a cambio de lo que denuncia el PP, «contó con el visto bueno de los comerciantes», apuntó.

La edil insistió en que se han basado en las peticiones de los distintos colectivos para elegir aquellas zonas en las que, asegura, «se precisa mayor rotación».

Respecto a por qué no se retira la zona azul de los alrededores del viejo hospital ubicado en Roís de Corella, tanto Pérez como Gregori insistieron en apuntar que «la gente del barrio no quiere que se quite».