Los ayuntamiento de Ador y Villalonga tienen abierto lo que podría considerarse como un «conflicto territorial», pero la sangre no va a llegar al río y ambos consistorios han mostrado su clara intención de resolver la cuestión de la forma más amistosa.
El problema, que se arrastra desde hace al menos cinco años, estriba en un supuesto error cometido en su día por la Oficina del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, que asignó a Villalonga una pequeña franja de terreno en la zona de Montecorona que, según señalan informes técnicos, corresponde a Ador.
El problema seguramente nunca se habría conocido de no ser porque, justo en ese espacio en litigio, Ador dio licencia para tres chalés de la urbanización Montecorona. También existen otras dos parcelas en las que se podrían construir otras tantas viviendas.
En Ador ese suelo, que ronda los cinco mil metros cuadrados, está clasificado como urbano y, por lo tanto, las licencias de construcción son perfectamente legales. Pero el problema es que para el Catastro las cinco parcelas figuran en el término de Villalonga y las viviendas no se pueden inscribir en el Registro de la Propiedad, dado que en este término el suelo es no urbanizable de protección forestal. Eso puede acarrear problemas a los dueños, especialmente en cuestión de venta o transmisión de sus propiedades.
Según señalan técnicos consultados por este periódico, todo apunta a un error del Catastro cometido en las últimas décadas, dado que, como ha quedado acreditado, según el acta de separación de términos que se llevó a cabo entre los años 1945 y 1947 queda claro que la zona de montaña cuyas aguas drenan a Villalonga pertenecen a este término, de la misma manera que ocurre en el caso de Ador. Los chalés y las parcelas en las que se puede construir están, efectivamente, en la vertiente que drena aguas a Ador y, por lo tanto, pertenecen a este municipio.
La tarea que ambos ayuntamientos tienen encomendada ahora es corregir ese error en la Oficina del Catastro y así permitir que los propietarios de las viviendas y de las parcelas puedan ejercer todos sus derechos.
«Técnicamente no hay dudas»
Ese proceso, iniciado a instancias de Ador, también tiene su liturgia. Hace cuatro años los dos ayuntamientos nombraron sendas comisiones formadas por concejales y por personas mayores de ambas localidades que pueden dar fe de dónde acaba y dónde empieza cada uno de los términos. El caso es que ambas comisiones dejaron el expediente abierto porque no llegaron a un acuerdo y, tras las elecciones municipales del año pasado, hay miembros que ya no pueden ejercer porque ni siquiera están en el consistorio.
Para poner fin a la cuestión, Ador ya nombró a sus nuevos representantes, mientras que en Villalonga el pleno celebrado la pasada semana actualizó la comisión que, ahora sí, espera reunirse en breve para que esta cuestión pueda zanjarse definitivamente en cuestión de meses, dado que, según señalan desde ambos ayuntamientos, «técnicamente no existen dudas».
El proceso administrativo debe concluir con una declaración de los dos ayuntamientos para que cada uno se quede con el término municipal que históricamente le corresponde y así corregir el error que, nadie sabe cuándo y por qué, se cometió en la Oficina del Catastro que tanta importancia tiene a efectos legales y fiscales.
