La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia sentará la próxima semana en el banquillo de los acusados a un grupo de ocho personas que, presuntamente, llevó a cabo numerosas estafas con la falsa venta de inmuebles, la mayoría de ellos situados en distintas localidades de la Safor, especialmente Gandia y Oliva. Los hechos que ahora se juzgan ocurrieron entre los años 2003 y 2009.
Según el informe del fiscal, Josefa R. M., junto a su pareja, ya fallecida, dos de sus hijos y otras personas llevaron a cabo un monumental y no menos sorprendente engaño del que fueron víctimas al menos 78 personas, la mayoría de ellas también residentes en la comarca de la Safor.
Según consta en los informes, Josefa, a quien la investigación sitúa como la cabecilla de la trama delictiva, engañó a sus «clientes» anunciándoles que estaba en trámite de quedarse con la propiedad de inmuebles embargados y subastados varias veces por la justicia. Así, en un momento en que las viviendas tenían precios por las nubes, simulaba que podía ofrecerlas por mucho menos de su valor real, lo que se convirtió en el gancho perfecto para el engaño.
La relación de las 78 presuntas estafas es muy reveladora. Apartamentos y áticos en primera línea de la playa de Gandia ofertados por «módicas» cantidades ligeramente superiores a los 50.000 euros cuando entre 2003 y 2009 podían costar alrededor de 300.000. Por 40.000 euros se engañó a compradores para bungalós y chalés en la exclusiva zona de de Oliva Nova, junto al mar y cerca de las instalaciones de un campo de golf.
Pero la presunta estafa afectó también a naves industriales, algunas de ellas situadas en l'Alqueria de la Comtessa o Sollana, o pisos en la no menos exclusiva zona de la calle Colón, en pleno corazón de Valencia y una de las áreas mas apetitosas para el comercio de la capital.
Con la intención de dar credibilidad a sus presuntamente falsas ofertas, la mujer, que se hacía acompañar por un chófer, quedaba con sus víctimas en el aparcamiento de los juzgados de Gandia con la intención de aparentar que salía de esas dependencias después de haber negociado la compra de los inmuebles embargados y subastados.
Sus clientes, la mayoría de los cuales acabó presentando denuncia por estos hechos, tampoco tomaron muchas precauciones y ni siquiera reclamaron la presencia de un notario para cerrar, aunque fuese en un primer documento, un contrato de compraventa de inmuebles. Consideraban creíble la oferta de esta mujer, avalada por el grupo de personas que la acompañaban, en parte porque los contratos de compraventa que se firmaban, casi todos con una redacción muy simple, se escribían en papel timbrado comprado en los estancos.
Así era como las víctimas ofrecían una entrada económica de algunos miles de euros por la falsa compra realizada, y después eran engañados por la mujer, dándoles largas cuando solicitaban firmar la escritura y concluir un proceso que nunca llegó.
El dinero adelantado es el que esta organización se quedó fraudulentamente, y la cifra total se aproxima a los 7 millones de euros, lo que da cuenta de la envergadura de las operaciones y del número de personas que pudieron sufrir la estafa.
Para la principal encausada el fiscal pide 8 años de prisión y la devolución del dinero presuntamente estafado por un delito continuado de estafa agravada por la elevada cuantía económica y por el número de personas que fueron víctimas de su proceder.
