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Juan Ros se ofrece a declarar ante la Fiscalía sobre el proyecto de peatonalización de Villalonga

El exalcalde del PP atribuye la investigación a la denuncia «de las dos concejalas tránsfugas del PSOE»

Juan Ros, alcalde de Villalonga (PP) durante el periodo en que se diseñaron, aprobaron y ejecutaron las obras de peatonalización del centro histórico de esta localidad, registró ayer mismo un escrito en la Fiscalía de Valencia mediante el que solicita personarse en el procedimiento de investigación penal abierto por ese órgano en el que estudia esa actuación municipal, realizada entre los años 2009 y 2011, sobre la que pesan sospechas de que se cometieron delitos urbanísticos.

Como ha venido publicando Levante-EMV, el jueves de la pasada semana, agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la Guardia Civil se presentó en el ayuntamiento y se llevó el expediente de este proyecto, que ahora está siendo analizado por la Fiscalía.

En su escrito ante la Fiscalía, Juan Ros señaló ayer que tuvo conocimiento de esos hechos «por los medios de comunicación» y que todo surge «a raíz de la denuncia interpuesta por las dos concejalas tránsfugas del Ayuntamiento de Villalonga que concurrieron a las elecciones con la lista del PSOE», en referencia a Alicia Gomis y Lydia Reig.

El exalcalde del PP explica a la Fiscalía que en la legislatura 2007-2011 el proyecto de peatonalización fue apoyado por los concejales de su partido y el Bloc y por ese motivo «me persono para colaborar con la investigación en todo lo que pudieren necesitar de mi persona».

Juan Ros considera que necesita conocer el contenido de la denuncia «por si de la misma se atentara al derecho al honor, al haberse producido declaraciones en los medios de comunicación de que estamos ante un caso de corrupción», de ahí que solicite una copia del escrito.

Retirado ya de la política activa, el mismo día que la Guardia Civil se llevó la documentación del ayuntamiento Ros ya señaló a este periódico que estaba completamente tranquilo porque esa actuación fue auditada por la Conselleria de Agricultura, de cuyos fondos salió el dinero para ejecutarla, y se mostró del todo seguro de que no existe corrupción en el proceso seguido por el ayuntamiento y la Generalitat.

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