Diana Morant se ratificó ayer en que, el 13 de junio de 2015, inmediatamente después de ser investida alcaldesa de Gandia, ordenó cerrar todos los despachos y la sede de la empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG), con el único objetivo de preservar la documentación existente en ambos organismos, dado que temía que cargos del PP o personal de confianza que había sido nombrado por el alcalde saliente, Arturo Torró, se llevara o destruyera expedientes.
Así lo dijo ayer Morant a la titular del juzgado número 3 de Gandia que instruye la querella que Torró y otros cargos ligados al PP en la pasada legislatura presentaron contra Morant y contra otras cuatro personas, entre ellas el secretario de la Corporación municipal, Lorenzo Pérez, que también declaró ayer ante la jueza, y el actual presidente del Consorcio Valencia 2007, Vicent Llorens, que es funcionario del Ayuntamiento de Gandia.
Diana Morant, a quienes los denunciantes acusan de prevaricación y falsedad documental, respondió exclusivamente a la jueza y a su abogado, negándose al interrogatorio que quería plantearle el principal abogado de la acusación.
«He venido aquí con la misma tranquilidad con la que tomé aquellas decisiones», dijo Morant inmediatamente después de salir del juzgado, en el que estuvo alrededor de tres cuartos de hora. Para la primera autoridad local, al impedir el acceso a los despachos del ayuntamiento y de IPG a los responsables del PP que ya no eran gobierno o a sus cargos de confianza «lo que buscábamos era poner orden al desorden y, sobre todo, preservar la documentación y los expedientes que podían correr riesgo». Morant recordó que una de las personas denunciantes del PP, Alba Frasquet, intentó acceder a las 3 de la madrugada del domingo 14 de junio a un despacho del ayuntamiento, mientras que la consejera de IPG nombrada por el PP, Lola Moncho, trató de entrar en la sede de esa empresa hacia las 6 de la madrugada del lunes 15 de junio. En ningún caso lograron su objetivo, como tampoco lo logró el exalcalde, Arturo Torró, que, también el 15 de junio, intentó hacer valer su condición de que aún era presidente de IPG para acceder a las oficinas.
Aunque los denunciantes señalan que aquellos días de traspaso de poderes fueron en realidad «un asalto a los despachos», municipales por parte de la alcaldesa y de su personal de confianza, Diana Morant indicó a la jueza que cerró las dependencias «con el aval e incluso la sugerencia de técnicos y funcionarios», entre los que citó al secretario, el interventor o el jefe de la Policía Local de Gandia.
Intencionalidad política
Morant también señaló a la jueza que tiene la convicción de que la querella interpuesta por el exalcalde y cargos del PP tiene una intencionalidad política, en el sentido de que su nombre aparezca relacionado con delitos.
En el caso de la alcaldesa de Gandia los querellantes señalan que podría haber cometido dos delitos, el de prevaricación, por tolerar que personal no autorizado ejerciera la autoridad al impedirles acceder a las dependencias municipales en las que habían trabajado hasta ese momento, y falsedad documental, al considerar que se alteraron fechas en algunos decretos que avalaron el bloqueo de los despachos.
En la fase de instrucción de la querella están citados a declarar políticos del PP y del PSOE, así como funcionarios municipales, entre ellos el jefe de la Policía Local de Gandia.
