José Manuel Orengo, exalcalde socialista de Gandia, siempre respondió que la querella que su sucesor, Arturo Torró, del PP, le presentó por el llamado «caso Innova» no era más que una venganza política y que al final los tribunales le darían la razón.
Sus palabras han cobrado su mayor fuerza ahora que el Juzgado de Instrucción número 1 de Gandia acaba de archivar definitivamente el caso, al no apreciar los delitos de los que Torró acusó a Orengo, a la que fue su concejala de Hacienda, Ana García, al socio de Gobierno en la legislatura 2007-2011, Fernando Mut, y al interventor municipal.
Pero hay más porque el archivo de la querella por el «caso Innova», que Torró llegó a definir en su día como «el caso Malaya de Gandia», pone toda la luz sobre la controvertida gestión que el exalcalde del PP llevó a cabo en relación a este asunto.
Gandia no solo se ha quedado sin un edificio conveniado con la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) dedicado a la investigación e innovación tecnológica y al servicio de las empresas y de la Administración. Es que, además, se ha tenido que devolver, con los intereses generados, el dinero que llegó del Gobierno de España mediante un crédito y una subvención a fondo perdido.
El origen del Innova
Entre 2008 y 2009 el alcalde Orengo gestionó con el Ministerio de Industria un préstamo sin intereses de 4,6 millones de euros y una subvención a fondo perdido de otros 511.000 euros. Con ese dinero se inició la obra del Edificio Innova, situado junto al Campus de Gandia de la UPV. La colocación de la primera piedra recibió el aplauso del entonces rector de la UPV, Juan Julià, que alabó el proyecto y la iniciativa de Orengo.
En junio de 2011, cuando las elecciones municipales dieron a Arturo Torró la alcaldía de Gandia, las obras quedaron paralizadas porque no se pagó a la empresa constructora. Entonces el alcalde del PP dijo que «no había dinero en la caja» de la empresa municipal IPG, desde la que se gestionaba este proyecto.
Y fue entonces cuando optó por la vía judicial. La víspera del inicio de la campaña de las elecciones del 20 de noviembre de 2011, en las que el PP arrasó en toda España, Torró convocó una rueda de prensa en la que dijo que «no sabía» dónde estaba el dinero del Innova, acusó a Orengo de desviar fondos públicos y anunció una querella contra él.
Orengo, sorprendido, literalmente se echó las manos a la cabeza, sacó la documentación en la que demostraba que IPG sí tenía ese dinero cuando él dejó la alcaldía y se preguntó «si Torró dimitiría cuando se demostrara que todo lo que ha dicho es falso».
Mucho después se supo que el Gobierno local del PP gastó decenas de miles de euros públicos para urdir informes jurídico-económicos que pudiesen incriminar a Orengo y se esforzó en repetir que IPG no tenía dinero a pesar de que, como también salió a la luz posteriormente, desde esa empresa se pagaron conciertos de artistas de alto nivel en la playa durante el primer verano del mandato de Torró, o se compró un concesionario de coches por 3,9 millones de euros que se convirtió en retén de la Policía Local.
Un informe del Síndic de Comptes de la Comunitat Valenciana dejó claro en 2013 que, a la vista de la documentación, fue Torró quien paró las obras del Innova a pesar de que eso iba a derivar en la exigencia del Ministerio de Industria para que el ayuntamiento devolviera el préstamo, la subvención a fondo perdido y los intereses. En total, seis millones de euros, cantidad que tuvo que asumir, a modo de «herencia», el nuevo Gobierno local del PSOE y Més Gandia surgido de las elecciones de 2015.
En resumen, cinco años después del anuncio de la querella se desprende con claridad, gracias a informes de la Intervención del Estado y del Tribunal de Cuentas, que ni hubo delitos en la gestión del Innova, ni Gandia dispone de un edificio que la habría puesto en la vanguardia en investigación en la Comunitat Valenciana. Y el coste de esa «nada» ha sido 6 millones de euros de las arcas municipales.
Petición denegada
Como anécdota a todo este episodio político-judicial, cuando Orengo perdió la alcaldía frente a Torró, le pidió al nuevo alcalde que, si deseaba que gestionara algún aspecto del ayuntamiento, le dejara poder terminar el Edificio Innova. La respuesta de Torró es sabida. No solo no se lo permitió, sino que usó ese proyecto para actuar penalmente contra él.
De las dos grandes causas judiciales que Torró presentó contra Orengo, esta ya queda finiquitada. La que está pendiente es la de los créditos bancarios. El exalcalde del PP acusa al del PSOE de prevaricación por firmar pólizas sin el aval de la Generalitat.
