Levante-EMV

Levante-EMV

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

La Generalitat consideró «inadmisible» el material para peatonalizar Villalonga

Un informe técnico advirtió al alcalde de que debía sustituir el hormigón por piedra natural en una obra que costó 2,5 millones - El ayuntamiento hizo caso omiso, la obra se inauguró y otro informe olvidó que se habían puesto losas mucho más baratas

La Generalitat consideró «inadmisible» el material para peatonalizar Villalonga

La Generalitat Valenciana incumplió sus propias normas en la ejecución del proyecto de peatonalización del centro urbano de Villalonga, una actuación que, como adelantó Levante-EMV, está siendo investigada por la Fiscalía de Valencia ante los indicios de que, en su gestión, se pudieron cometer delitos. En esa causa se enmarca la actuación del Grupo de Delitos contra la Administración de la Guardia Civil que, en la mañana del pasado 12 de enero, irrumpió en el ayuntamiento para llevarse fotocopiado todo el expediente de una obra ejecutada entre 2009 y 2011 y que costó 2,5 millones de euros.

Según varios documentos de la Administración autonómica a los que ha tenido acceso este periódico, el origen de la investigación judicial se sitúa en un sospechoso cambio de materiales que habría supuesto el «ahorro» de alrededor de medio millón de euros, una cantidad que, pese a abonarse, no se habría justificado.

En un informe fechado el 31 de julio de 2009, en plena ejecución de las obras, la Conselleria de Agricultura, que financiaba íntegramente la obra a través del programa Ruralter Paisaje, la inspectora advierte de que, en contra de lo que figura en el proyecto aprobado, en las calles no se está colocando pavimento de piedra natural, sino losas de hormigón.

En ese documento la inspectora deja muy claro que, para que la Generalitat pague esa obra, la peatonalización de Villalonga «debe adaptarse a la estética rural tradicional», y añade que, para cumplir el programa Ruralter Paisaje, «la pavimentación de calles con adoquines prefabricados de hormigón no es admisible y debe sustituirse por piedra natural». En ese mismo documento se emplaza al ayuntamiento a que aporte a los técnicos supervisores los modelos de mobiliario urbano, como maceteros, señalización o papeleras, «para verificar su adecuación a la estética rural».

La inspección de la Generalitat condiciona el resultado favorable del informe, y por lo tanto la financiación de la obra, al cumplimiento de esos preceptos. Más aún, el 28 de septiembre la entonces directora general de Desarrollo del Medio Natural de la Generalitat, Amparo Montoro, insiste al alcalde de la localidad, Juan Ros, que debe cambiar el hormigón por losas de piedra natural en el pavimento o, de lo contrario, no se pagará la obra, documento que ese mismo día le llega al alcalde porque figura su firma con un «recibí copia».

Pese a eso, Villalonga hizo caso omiso a esos requerimientos y siguió adelante con los trabajos manteniendo el hormigón en el pavimento de numerosas calles y plazas que suman más de 15.000 metros cuadrados. Además, en marzo de 2011, poco antes de las elecciones municipales, la propia consellera de Agricultura, Maritina Hernández, inauguró el proyecto junto al alcalde Ros sin advertir ninguna irregularidad. El Ayuntamiento de Villalonga recibió los 2,5 millones de la Generalitat para pagar las obras porque, meses después se produjo un sospechoso cambio de criterio en los informes técnicos

Sorprendente cambio de criterio

Así, el 25 de noviembre de 2011, mucho después de las elecciones, otra revisión oficial al proyecto de peatonalización evitó citar cualquier referencia a la sustitución de la piedra natural para poner hormigón y certificó que la obra cumplía los preceptos marcados por la Generalitat. Sorprende que el técnico que suscribe ese informe favorable que contradecía al «inadmisible» de meses atrás se enviara desde la Conselleria de Infraestructuras, y no de Agricultura, que era la que había gestionado todo el proceso, que concedía el dinero para pagar las obras y que había supervisado previamente las condiciones.

Como publicó este periódico a raíz de la actuación de la Guardia Civil y de la Fiscalía de Valencia, entre lo que se investiga figura si en ese «cambio de material» hubo beneficios ilícitos o desvío de dinero, dado que la piedra natural tiene un precio mucho más elevado que el hormigón prefabricado. La sustitución, de hecho, indica que la diferencia podría rondar el medio millón de euros, dada la extensión de la zona de Villalonga que se peatonalizó.

Compartir el artículo

stats