Arturo Torró, exalcalde del PP Gandia, y quien fue su gerente en la empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG), Gonzalo Morant, tendrán que responder ante la justicia por las transferencias de dinero que, en la pasada legislatura, realizaron desde el consistorio a IPG y que después no fue devuelto a la caja del consistorio.
A instancias de la Fiscalía, y a raíz de la querella presentada en la pasada legislatura por el exconcejal socialista Vicent Mascarell, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia ha citado a Torró y a Morant para que acudan a declarar, en calidad de investigados, el próximo 28 de febrero.
La causa que se juzga son las transferencias que Torró y Morant aprobaron cuando ocupaban la máxima responsabilidad en el ayuntamiento y en IPG. Durante su mandato, y a pesar de la crítica situación económica del consistorio, el alcalde aprobó «créditos» a IPG para que la empresa siguiese pagando los servicios que prestaba.
Aunque en su querella el exconcejal Mascarell documentó transferencias por valor de 3,5 millones de euros, posteriormente se ha sabido que fueron al menos 10,4 millones los que, sin dar cuenta a los grupos municipales, pasaron del ayuntamiento a IPG.
El delito, a criterio de los socialistas, estaría en el hecho de que cuando esos «créditos» vencían, IPG no devolvía el dinero a la caja municipal, algo que, como mínimo, tendría que haber llamado la atención de Torró, dado que simultáneamente ostentaba los cargos de alcalde de Gandia y presidente de IPG.
En un escrito remitido a la jueza que instruye el caso, la Fiscalía considera que podrían haberse cometido delitos de prevaricación, si bien el exconcejal socialista que presentó la querella apunta también a una posible malversación de fondos públicos.
Las transferencias del ayuntamiento a IPG que no fueron devueltas recibieron reiteradamente los informes en contra del interventor municipal y del secretario general del ayuntamiento, que también declararán ante la juez en calidad de testigos o peritos en este caso.
Los socialistas denunciaron reiteradamente que ese «desvío» de dinero se realizaba con la clara intención de llenar la caja de IPG, que durante años actuó como una auténtica «administración paralela» de Gandia, sin dar cuentas a los grupos políticos municipales y con un funcionamiento absolutamente opaco pese a trabajar con dinero público. Su consejo de Administración estaba formado exclusivamente por personas de la confianza política y personal de Arturo Torró.
También en el Tribunal de Cuentas
Como recientemente informó Levante-EMV, esas operaciones financieras sobre las que ahora pesan sospechas de legalidad también están siendo investigadas por el Tribunal de Cuentas a raíz de los informes de fiscalización realizados a los presupuestos de Gandia. Este organismo ha abierto diligencias y podría obligar a sus responsables a la devolución de esas cantidades económicas.
