Pese al revuelo político generado, nadie debió sorprenderse cuando el PP de Gandia anunció que iba a privatizar la red de «escoletes» municipales. Esa propuesta estaba en su programa electoral de 2011, cuando logró la mayoría absoluta en la corporación y situó a Arturo Torró en la alcaldía.
La sorpresa llegaría después, cuando se comprobó que esa actuación acabaría convirtiéndose en uno de los mayores desaguisados administrativos de la legislatura.
Torró, que se enfrentó abiertamente con el sindicato UGT, que representaba a la mayoría de las trabajadoras de la red de «escoletes», llegó a un punto en que ya no quiso seguir negociando el proceso y ordenó acelerar la privatización.
En nombre de las trabajadoras, el sindicato presentó recurso judicial al considerar que se habían vulnerado varios derechos, y los tribunales acabaron dándole la razón. Tras varios recursos, los despidos se declararon «ilegales» y, al final de todo el proceso, al consistorio le costó alrededor de dos millones de euros en indemnizaciones y salarios de tramitación, además de la obligación de readmitir a las educadoras.
El proceso también salpicó a Cáritas de Gandia, que fue condenada a pagar 243.630 euros a las trabajadoras del centro situado en Santa Anna porque, como en los otros, tampoco fueron subrogadas por la adjudicataria privada del servicio de «escoletes». Para no situar a la ONG de la Iglesia en la ruina, poco antes de las elecciones municipales el Gobierno local del PP acabó aprobando el pago de ese dinero, que se sumó a la elevada factura de no haber hecho bien el trabajo de privatizar el servicio. s. s. gandia
