La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) que anula la adjudicación para la gestión del servicio de las «escoletes» municipales de Gandia no va a tener consecuencias en su funcionamiento inmediato.
Analizado ese fallo judicial, del que Levante-EMV ya dio cuenta en su edición de ayer, los ocho centros seguirán bajo la gestión de la empresa GEIM hasta el próximo mes de junio, cuando caduca la prórroga concedida el año pasado, cumpliendo así un ciclo de cuatro años desde que esa empresa accedió a prestar el servicio.
A partir de ahí, el ayuntamiento estudia la fórmula para volver a entregar a una empresa la gestión de las «escoletes», dado que el Plan de Ajuste Económico pactado con el Ministerio de Hacienda le impide incrementar su plantilla de trabajadores y destinar dinero de las arcas municipales en servicios que no le sean propios.
Según señalaron los concejales José Manuel Prieto y Laura Morant, el consistorio quiere compatibilizar la gratuidad de la enseñanza para niños de 2 a 3 años anunciada por la Generalitat con la prestación de ese mismo servicio para los de 0 a 2 años.
En el capítulo político, Priego y Morant criticaron la gestión que el PP hizo de las «escoletes» en la pasada legislatura y aseguraron que, al final, ha costado más dinero la privatización que haber mantenido esos centros bajo la gestión pública del consistorio.
No piensa lo mismo el coportavoz del PP, Vicent Gregori, quien, además de pedir que la sentencia conocida ahora sea recurrida al Supremo, añadió que «no lo haríamos tan mal en la pasada legislatura cuando el nuevo Gobierno prorrogó el servicio a la misma empresa durante un año». Gregori añadió que la privatización de la gestión sí ha supuesto el ahorro de mucho dinero al ayuntamiento.
