El juzgado de lo contencioso administrativo número tres de Valencia ha rechazado la petición de la Sociedad Protectora de Animales y Medio Ambiente (Spama) de la Safor de suspender de forma cautelar el contrato administrativo con el Corralet, la empresa a la que el Ayuntamiento de Gandia ha adjudicado el servicio de recogida de animales.
La entidad había solicitado esta medida mientras se resuelve el proceso judicial que ha interpuesto contra el consistorio al considerar que esta adjudicación se ha llevado a cabo de forma irregular. A su vez, la asociación presidida por Dora Tormo reclamaba que revertiera la gestión del servicio otra vez sobre Spama, al menos hasta que haya una resolución definitiva de este conflicto judicial con la administración gandiense.
La jueza que ha instruido el recurso, sin embargo, ha desestimado esta petición al considerar que la protectora de Gandia, propietaria del albergue ubicado en la partida de la Banyosa, «no ha alegado interés público» que justifique la suspensión cautelar del acto administrativo. El auto va más allá y asegura que el afán de Spama es el del «interés particular de continuar prestando el servicio que venía desempeñando hasta ahora», apunta el texto.
La magistrada hace referencia a varias sentencias anteriores en las que se indica que «la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso», es decir, en el caso de que se pudiera condicionar el resultado final del contencioso interpuesto, en este caso, por la protectora.
Además, la juez insiste en que, en este caso, se trata de una actuación -la recogida de animales- que es de «interés público» y que en el caso de que se dictara la suspensión cautelar podría dejar desprovisto el servicio. «Presenta mayor relevancia el interés público representado por la conveniencia de que el servicio municipal no experimente interrupción ni perturbación», señala el auto refiriéndose a jurisprudencia anterior.
El auto remarca que el rechazo a esta petición no significa que el contencioso que se dirime por esta cuestión sea desfavorable para la protectora.
Desde un primer momento, Spama se ha mostrado radicalmente en contra de que el Corralet gestione la recogida de animales. La entidad considera a esta empresa como una «perrera» y la acusa de «sacrificar a 5.000 perros». Spama no se presentó al concurso público abierto de Gandia al considerar que le resultaba imposible cumplir las condiciones que indicaban los pliegos.
