La gestión económica que está llevando a cabo el Gobierno local de Oliva se traducirá en que, si no fallan las previsiones, este municipio se quede limpio de deudas a lo largo del próximo año 2018 o, a lo sumo, a primeros de 2019. Se trata de algo relativamente insólito para un municipio que ronda los 30.000 habitantes, y, traducido a los ciudadanos, permitirá a este gobierno y a los que surjan de las próximas elecciones aplicar políticas que no obligarían a subir impuestos en momentos de mucha dificultad para un gran porcentaje de familias y de ciudadanos.
Según informó ayer el concejal de Hacienda, Vicent Canet, el pasado 22 de febrero el alcalde de la ciudad, David González, firmó el decreto que aprobaba la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio de 2016. El resultado de las cuentas municipales ha sido de un superávit de 3,7 millones de euros y un remanente de tesorería para gastos generales de 3,4 millones, el más elevado de la historia y el doble que el obtenido en 2015.
En esa situación, es muy probable que durante este año 2017 y parte del siguiente se puedan pagar los 4,5 millones de euros que el consistorio adeuda a los bancos por préstamos contraídos con anterioridad. Si eso se cumple, quienes gestionen el ayuntamiento tras las elecciones que se celebrarán en mayo de 2019 se encontrarían con una situación económica realmente envidiable.
Aunque Oliva no ha sido una ciudad excesivamente endeudada, hace unos años sí que superó los 10 millones de euros en números rojos que, paulatinamente, se han ido reduciendo.
El departamento de Hacienda que dirige el concejal Canet señaló ayer que estos positivos resultados económicos se deben a varios factores, entre ellos el incremento significativo de recaudación del tributo de las plusvalías derivado de una cierta reactivación del mercado inmobiliario. En ese capítulo Oliva logró recaudar durante el año pasado 610.000 euros más de los que había previsto en el presupuesto.
En segundo lugar, Oliva ha obtenido un resultado positivo en la liquidación de la participación en Tributos del Estado, con 414.215 euros más de los previstos en el presupuesto.
Ambos datos se unen al hecho de que el Gobierno de Oliva ha aplicado en la presente legislatura una política basada en una mayor contención del gasto. Según datos facilitados por el consistorio, a pesar de que se ha invertido más en aspectos necesarios para el funcionamiento diario de la Administración, como la reciente adquisición de material para la Policía Local, o en el área de Bienestar Social y Educación para atender a personas o familias en situación de necesidad, en términos globales el resto de departamentos han controlado para cumplir con las previsiones, no gastar más de lo previsto y, si era posible, ahorrar.
En la Safor, municipios de dimensiones más pequeñas, como Miramar o Beniflà, también están en situación de deuda cero con los bancos.
