El Ayuntamiento de Gandia acaba de salvar uno de los grandes escollos judiciales que podían interponerse en el camino de las obras para urbanizar la llamada zona de ocio y equipamientos de la playa, un espacio de 174.000 metros cuadrados en plena fase de ejecución.

La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha dado la razón al ayuntamiento y ha desestimado el recurso presentado por uno de los grandes propietarios de ese sector, que reclamaba no tener que pagar una parte importante de los gastos de la urbanización, valorada en su conjunto en 8,5 millones de euros.

El propietario alegaba para ello que años atrás, en el desarrollo de un espacio para discotecas, ya había financiado, por su cuenta, trabajos de adecuación urbana y que, por ese motivo, sus parcelas ya tenían que considerarse urbanas, quedando exentas de las cuotas que ahora tienen que pagar el conjunto de los propietarios del sector.

El ayuntamiento, en cambio, aportó informes técnicos que revelaban que, pese a la adecuación del terreno que tuvo lugar años atrás a cuenta del particular, sus parcelas no podían considerarse urbanas. Entre otros muchos aspectos, no era así porque carecía de sistema de evacuación de aguas residuales y pluviales, no había cedido terrenos para zonas verdes o infraestructuras, ni había financiado el proyecto global de la urbanización, que, como en su día publicó este periódico, incluye un paseo a lo largo de la Sèquia de l'Auir, un cauce que linda con la zona que se está desarrollando.

El tribunal le da la razón al ayuntamiento y, consiguientemente, obliga al propietario a contribuir económicamente con las cuotas de urbanización como cualquier otro afectado.

Esta sentencia permite que la Unión Temporal de Empresas formada por Asfaltos y Construcciones Elsa, Constructor, Cadersa y Cyca puedan seguir con los trabajos iniciados en los primeros días del mes de enero.

Fuentes del departamento de Urbanismo de Gandia señalaron que, en el caso de que la justicia hubiese fallado en contra del ayuntamiento, se habría puesto en riesgo la continuidad de este proyecto que no estará totalmente acabado en, al menos, dos años. Pese a eso, se estima que antes se podrían conceder licencias para construir y abrir negocios, siempre que las condiciones lo permitan.