La Fiscalía de València ha solicitado nueve años de inhabilitación para cargo público al alcalde de Villalonga, el socialista Enric Llorca, al considerarlo autor de un delito de prevaricación cometido en el proceso de contratación del encargado de obras de las brigadas municipales. Esa contratación se habría producido sin un expediente público y en contra de los informes de la secretaria del ayuntamiento y de los servicios jurídicos de la Diputación de València.
El escrito de la Fiscalía ha hecho que el juzgado de Instrucción número 3 de Gandia haya decretado la apertura de juicio oral, de manera que Llorca se sentará en el banquillo por este caso.
Según señala el relato de la Fiscalía de València, los hechos se remontan a noviembre de 2012, cuando el concejal de obras pidió que se contratara de manera urgente a un encargado de las brigadas municipales, ante lo que el alcalde pidió un informe a la secretaria municipal, que hizo saber que la normativa estatal prohibía, por restricciones presupuestarias, la contratación de personal temporal «salvo en casos excepcionales». Además, en el caso de que así fuera, el procedimiento a seguir debía incluir publicidad y selección de personal con pruebas.
El servicio de asesoramiento de la Diputación de València emitió en de diciembre de ese mismo año un informe en el que explicaba al alcalde Llorca la vigencia de la prohibición de contratar empleados públicos y que, consiguientemente, no era posible la incorporación de nuevo personal a sueldo del ayuntamiento.
La Fiscalía indica que «pese a ser conocedor de todo lo dictaminado en los informes», el alcalde contrató el 1 de febrero de 2013 a un hombre como encargado de las brigadas municipales «sin tramitar previamente ningún expediente administrativo ni ninguna convocatoria».
Días después la secretaria municipal, al ser presentada la nómina del nuevo empleado, emitió un informe en el que señaló que ese contrato no cumplía los principios constitucionales y se había realizado sin el correspondiente proceso selectivo, por lo que formuló un reparo de legalidad que el alcalde rechazó, continuando el expediente para contratar de forma urgente al encargado de obras.
La Fiscalía añade que el alcalde, «con ánimo de dar apariencia de legalidad» a esa actuación, dictó el 7 de marzo una resolución en la que se aprobaba la convocatoria y las bases para esta contratación, sin que el pleno hubiese aprobado crear este puesto y obviando la prohibición de contratación de personal. A esta resolución no se le dio publicidad y, consecuencia de ello, se presentó un único trabajador, el mismo que ya había sido contratado y estaba en su puesto en virtud de aquel contrato ilegal.
Llorca, con quien pudo hablar ayer este periódico, insistió en negar la ilegalidad del contrato y añadió que, en el caso de que se sienta forzado a dimitir por esta causa, «lo haré con los concejales que formamos el gobierno».
