En el Ayuntamiento de Daimús aún no salen de su asombro después de que, desde finales de la semana pasada, se descubriera lo que, a todas luces, apunta a un monumental desfalco de dinero público cometido por un funcionario municipal.
El alcalde de la localidad, Javier Planes, del PP, descubrió que algo no cuadraba en las cuentas públicas, de manera que, ya el martes pasado, encargara la realización de una auditoría a una empresa externa con el fin de garantizar la máxima claridad en el resultado.
Ese documento aún no está terminado, pero a día de ayer ya se sospechaba que un funcionario podría haberse aprovechado de su puesto de trabajo para lucrarse económicamente, y no precisamente desde hace poco tiempo.
Según señalan fuentes consultadas por este periódico, desde hace seis o siete años el sospechoso, solo o en colaboración con otras personas, habría ideado un sistema para «duplicar» facturas que tenía que pagar el ayuntamiento sin que nadie se diera cuenta hasta ahora. Así, desde la caja municipal primero se pagaba a la empresa que había emitido la factura y, después, el dinero se ingresaba en otra cuenta a disposición del trabajador municipal.
A falta de que la auditoría contable lo certifique, ese desvío de dinero público se podría estar produciendo desde el año 2009, y al menos en la mayoría de los casos el «duplicado» afectaría a facturas de Iberdrola correspondientes al pago de la electricidad que el ayuntamiento consume.
El alcalde Planes, que se ha mostrado como el primer sorprendido por este hecho, señaló ayer a este periódico que no hará declaración alguna mientras no disponga de las pruebas que determinen lo que ha ocurrido, pero sí señaló que en este desfalco no hay implicaciones políticas, sino, presuntamente, una apropiación indebida del funcionario que, de confirmarse, podría incurrir en varios delitos.
«Estamos hablando de mucho dinero», indicaron ayer a este periódico fuentes consultadas, si bien en ningún caso apuntan una cifra porque aseguran desconocer el volumen de facturas cuyo importe se habría desviado hacia la cuenta corriente privada. Aun así, y ante el revuelo que se ha producido, trabajadores municipales han expresado a funcionarios de otros ayuntamientos que la suma de todas las cuantías acumuladas, hasta lo que se tiene constancia, podría superar los 300.000 euros.
El alcalde, que no ha ocultado su preocupación, ha mantenido informados a los dos grupos de la oposición, Compromís y PSPV-PSOE, y ha citado a los portavoces a una reunión que tendrá lugar seguramente mañana para dar más explicaciones. La idea de Javier Planes es recopilar la documentación y presentar a la mayor brevedad posible una denuncia por estos hechos.
Ayer, en un tono de máxima prudencia, Planes se limitó a decir que «hemos detectado irregularidades en el funcionamiento de la corporación municipal y que no afectan para nada a los cargos políticos».
