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Gandia paga 37.000 euros a familias con riesgo de que les corten la electricidad

El Ayuntamiento ha hecho frente en invierno a más de 650 facturas dentro del plan contra la pobreza energética

Nahuel González, ayer, durante la rueda de prensa. àlex oltra

El Ayuntamiento de Gandia, a través del departamento de Servicios Sociales que dirige el concejal Nahuel González, ha pagado 37.000 euros para hacer frente a las facturas de electricidad de familias de la ciudad con riesgo de que les cortaran la luz por no poder hacer frente al gasto.

A través del Plan Contra la Pobreza Energética, el consistorio se ha hecho cargo de un total de 684 facturas durante los meses de invierno. Este programa tiene como objetivo evitar que familias que se encuentran en riesgo de exclusión social pudieran sufrir los rigores del invierno si se quedaban sin suministro al no poder abonar el consumo.

Este programa cuenta también con el apoyo de la Generalitat Valenciana.

Más viviendas sociales

El pasado jueves, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Gandia y la Safor denunciaba que una empresa suministradora había cortado la luz a dos familias con niños menores en el Grau y en la ciudad. Se trata de viviendas de bancos que estaban vacías y habían sido ocupadas.

El propio González aseguraba a este respecto que, pese a que defiende la exigencia a las entidades bancarias de que no tengan las viviendas vacías, desde el Ayuntamiento y su departamento tratan de promover acciones para evitar que la solución sea la ocupación.

Respecto a esta cuestión, el edil anunció que el Ayuntamiento ampliará su parque de vivienda social para poder dar servicio al gran número de familias con problemas que existen en la ciudad. Actualmente, el consistorio dispone de 49 inmuebles, la mayoría de ellos ocupados.

Así, antes de formalizar nuevas cesiones en alquiler social, el Ayuntamiento, explicó Nahuel González, va a llevar a cabo una revisión las condiciones de adjudicación de las familias que actualmente se encuentran en las viviendas de titularidad municipal para comprobar si ha cambiado su situación y, en caso afirmativo, llevar a cabo una regularización del parque de viviendas públicas.

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