El Gobierno de Gandia definitivamente la ha liado con la consulta popular que llevará a cabo la última semana de mayo para que los ciudadanos decidan si se permiten usos comerciales en el polígono de Sanxo Llop, donde se encuentra el hospital. Esa zona es hoy mayoritariamente industrial y, como ha publicado este periódico, la firma Conforama ya ha mostrado su intención de instalarse siempre que se aprueben los usos comerciales.

El conflicto está en la coalición Més Gandia, dado que, como quedó reflejado en el Consell de Participació Ciutadana celebrado la noche del jueves, Compromís ha cambiado de postura y ahora señala que, sea cual sea al resultado de la votación, su asamblea de militantes tendrá la última palabra sobre esta cuestión.

Esquerra Unida, que también forma parte de Més Gandia, acatará el resultado de la votación, igual que hará el PSPV-PSOE y Ciudadanos. Teniendo en cuenta que el PP es contrario al cambio de usos, la decisión de Compromís es vital para determinar si se permiten comercios o si Sanxo Llop se mantiene exclusivamente como área industrial.

Inicialmente todo el grupo de Més Gandia, coalición integrada por Compromís, Esquerra Unida y Esquerra Republicana, asumió que la consulta popular sería vinculante siempre que participara al menos el 10% de los gandienses con derecho a voto, unos seis mil. El jueves pasado, en cambio, la concejala de Comercio, Alícia Izquierdo, de Compromís, elevó ese techo hasta el 15% para considerar «legítimo» el resultado, y el partido insistía ayer que, acabe como acabe la consulta, el voto de sus concejales en el pleno que abordaría el cambio de se decidirá en su asamblea de militantes.

Aunque no hubo declaraciones para evitar dar la impresión de crisis interna, existe malestar entre los concejales del PSPV-PSOE y el de EU, que forman, con Compromís, el Gobierno local gandiense. Ambos estiman que si son ellos mismos quienes asumen la convocatoria de la consulta popular, lo lógico es que todos los concejales acepten la decisión que tomen los ciudadanos en las urnas. Justo por ese motivo se aprobó hace dos meses que en la consulta deberían participar al menos el 10% de los censados.

Mucho más que uso comercial

La cuestión de Sanxo Llop es mucho más que un simple cambio de usos para permitir comercios en sus 470.000 metros cuadrados de extensión. Esa propuesta se ha planteado porque, al mismo tiempo, permitiría capitalizar a la empresa promotora de esa zona industrial, Aprusa, para poder terminar las obras, paralizadas desde hace años y sin ninguna expectativa de que se retomen.

En segundo lugar, se daría una salida a los propietarios de los terrenos, que verían incrementado el valor de los mismos para poder resarcirse de las pérdidas acumuladas durante más de diez años.

Y, finalmente, la empresa municipal IPG, que no deja de ser el propio ayuntamiento, ahorraría unos 6 millones de euros que adeuda a Aprusa por su participación como propietaria de la parcela en la que Conforama construiría la nave para la que sería una de sus mayores tiendas en la Comunitat Valenciana.

Frente a todo ello está la defensa del comercio urbano, que considera que saldría perjudicado con este cambio de usos.