El Ayuntamiento de Gandia no llevará a cabo más consultas ciudadanas hasta que, previsiblemente a partir del próximo otoño, se apruebe un reglamento sobre cómo hacerlo, qué aspectos se preguntan a los vecinos y qué condiciones deben darse para que el resultado sea vinculante.

Así lo ha decidido el Consell de Participació Ciutadana (CPC) extraordinario que, la noche del pasado jueves, abordó la polémica que se había planteado sobre la consulta para determinar si en el polígono de Sanxo Llop, donde se encuentra el hospital comarcal, se autoriza la instalación de comercios de grandes dimensiones.

Esa polémica se centró entre los dos partidos que forman el Gobierno local. Por una parte PSPV-PSOE indicó que no se podía convocar al voto a los ciudadanos si previamente no se aceptaba el resultado de la consulta. Por contra, la coalición Més Gandia, contraria a los usos comerciales en Sanxo Llop, defendía que, al margen de lo que votaran los ciudadanos, su asamblea de militantes decidiría la postura que adoptarían en esta cuestión.

Al no existir acuerdo sobre esta cuestión, el CPC del jueves asumió la suspensión de todas las consultas que se habían anunciado y que ya deberían estar celebrándose.

El concejal de Participación, Nahuel González, explicó ayer que el CPC ha decidido que, antes de llevar a cabo cualquier proceso para llamar al voto a los ciudadanos, se tendrá que aprobar un reglamento que deje claras las condiciones de todo ese proceso.

Dice González que al menos deberá incluir dos aspectos fundamentales. Por una parte, que la convocatoria de una consulta popular se haga «por consenso». De manera que, desde ahora, el veto de algún partido político municipal sería suficiente para que no se llevara a cabo.

En segundo lugar, el reglamento que se elaborará deberá determinar de forma clara las condiciones para que la consulta sea vinculante. Todos los partidos tendrá que comprometerse a que, a partir de un porcentaje mínimo de participación respecto al conjunto de los ciudadanos de Gandia, el resultado tendrá que acatarse. Porque, al fin y al cabo, la ley no obliga nunca a un ayuntamiento a cumplir lo que se decida en uno de estos procesos. El pleno de concejales es el órgano soberano de la Corporación municipal.

Además del consenso necesario en la convocatoria y la obligación moral de acatar el resultado, el reglamento de consultas que redactará y aprobará el CPC tendrá que determinar quién y en qué condiciones se convocan las consultas y cómo se desarrolla todo el proceso.

Escasa participación en la primera

Gandia ya ha tenido dos malas experiencias en lo que consultas se refiere. En la primera, que concluyó el pasado febrero, apenas participaron 550 personas en una ciudad de 75.000 habitantes, quizás debido al escaso interés de los temas planteados. El voto decidió el traslado de la escultura del Tio de la Porra, que no se volvieran a poner jardineras de madera en el paseo de les Germanies y la aplicación de trabajos en beneficio de la comunidad a quienes cometan actos vandálicos en la ciudad.

La segunda convocatoria, que iba a preguntar sobre Sanxo Llop, por dónde se prolonga el carril bici y qué inversiones se priorizan en los presupuestos municipales, es la que queda aplazada hasta la aprobación del reglamento.

Sobre este tema, el presidente de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Gandia, Francisco Escrivà, reconoció ayer que «estamos decepcionados y frustrados». En una comparecencia en la que se sentó junto al concejal Nahuel González, Escrivà añadió que, desde el punto de vista de la entidad que preside, las consultas populares «deben ser vinculantes».

Por su parte, el concejal González indicó que el Gobierno local es partidario de destinar una parte del presupuesto municipal a inversiones que decidan los ciudadanos en un proceso que, como el resto, establecerá el reglamento que se espera redactar.