El Ayuntamiento de Xeraco, gobernado por Compromís, PSPV y EU-Acord Ciutadà, ha adjudicado por vía directa, sin concurso público, a una abogada vinculada a la coalición nacionalista para que se haga cargo un año de la asesoría jurídica en materia urbanística.
La beneficiada, Mireia Gimenez, es una destacada activista del Bloc de Meliana y, además, es pareja del alcalde de esta localidad de l'Horta Nord, José Riera, también perteneciente a Compromís. La contratación ha sido denunciada por el PP local, que lo considera un caso de amiguismo.
La adjudicación lleva la firma de la concejala de Hacienda de Xeraco, Jacinta Rubio, quien además es secretaria comarcal de la coalición en la Safor. Al ser un contrato cuyo importe no supera los 18.000 euros, fue tramitado como contrato menor, es decir, sin concurso ni publicidad, según ampara la ley.
En la resolución firmada por Jacinta Rubio se señala que se considera «necesaria y conveniente» la contratación de servicios de asesoramiento jurídico en materia de derecho administrativo y urbanístico, y justifica el encargo «en la complejidad y el volumen de asuntos en trámite». Acto seguido, Hacienda da cuenta del presupuesto de trabajo presentado por la abogada Mireia Giménez, que asciende a un total de 21.780 euros, desglosados en 18.000 euros más el IVA correspondiente.
Así, según los detalles del contrato, Gimenez cobrará por sus servicios 1.500 de euros al mes. Según recoge la resolución municipal, prestará sus servicios en su despacho profesional y acudirá al Ayuntamiento sólo cuando sea requerida. El Ayuntamiento quiere que esta abogada le asesore sobre en materia urbanística y, en concreto, en la tramitación de expedientes correspondientes a los terrenos incluidos en los convenios urbanísticos firmados por el ayuntamiento de Xeraco en 2011 con un grupo de propietarios.
La contratación, sin embargo, ha chirriado en el grupo del PP en el Ayuntamiento de Xeraco. Los populares consideran que el contrato además de ser un caso claro de amiguismo es innecesario, ya que, a su entender, la situación urbanística del municipio no justifica acudir a una persona externa en calidad de abogada.
El portavoz del PP en este ayuntamiento y exalcalde, Avelino Mascarell, recordó el eslogan más repetido por Compromís durante la campaña electoral: «Iban a rescatar personas y han acabado rescatándose ellos mismos», denunció. El responsable popular advirtió de que seguirán vigilantes y remarcó que aquí no se trata de una cuestión de legalidad, si no de ética y estética. «¿Por qué ella y no otra persona? ¿Hay que tener carné del Bloc para trabajar?», se preguntó.
Solución más barata
Desde el Ayuntamiento de Xeraco, por su parte, se defiende la legalidad del contrato. La concejala de Hacienda explicó que el consistorio carece de técnicos que pueda asesorarles en la cuestión concreta, por la que se ha requerido un despacho profesional. La edila indicó que es un contrato por un año y que Mireia Giménez es una profesional con experiencia.
Rubio añadió que su vinculación con el Bloc no tiene nada que ver con el contrato. «Daba igual de donde viniera o de donde fuera; necesitábamos una persona experta en urbanismo y ella lo es», dijo. Añadió que anteriormente el ayuntamiento tenía contratado un despacho de renombre «que nos costó dinero y no sirvió de nada», por lo que esta vía es más barata. Emplazó al PP a ir a los tribunales si veía alguna irregularidad.
