La liquidación de la empresa pública IPG ha permitido la Ayuntamiento de Gandia aumentar su parque de viviendas sociales. El consistorio ha absorbido todas las propiedades de las que disponía la mercantil y, según aseguró ayer el concejal de Responsabilidad Social, Nahuel González, podrían llegar a las 80-90 viviendas.

«De hecho, ya hemos dado viviendas a personas inscritas en el listado de demandados. Hemos realojado a dos familias, una de las cuales se encontraba en riesgo inminente de desahucio de alquiler. También podemos decir que, hasta ahora, todos los casos de desahucios hipotecarios tratados por la Oficina Municipal de Mediación Hipotecaria han sido parados. Más complicada es la situación de los alquileres, porque también intervienen los derechos de los propietarios», señaló.

González también anunció que se harán algunos cambios en los bloques de viviendas sociales con muchas familias en riesgo de exclusión para realojar en otras viviendas y evitar la formación de «guetos». Se trata, explicó, de hacer un plan de intervención más efectivo. Sería el caso, por ejemplo, de Músico Úbeda.

Además, se están revisando, caso por caso, las circunstancias socioeconómicas y familiares de las familias que residen en viviendas sociales propiedad hasta ahora de IPG y que asume el Ayuntamiento, así como las del SOS Vivienda con el objetivo de negociar las condiciones con ellos para mejorar su situación y que dejen la vivienda si pueden tener alternativa habitacional.

«La vivienda municipal destinada a usos sociales no puede ser un recurso vital y convertirse, como ha ocurrido hasta ahora, en un patrimonio público regalado de por vida, sin contraprestaciones y ajeno a la realidad socioeconómica cambiante. Así pues, el recurso debe ser gestionado con el objetivo de paliar las graves situaciones que se están viviendo en la ciudad», señaló González.