Cobraba las tasas por los enterramientos en el cementerio municipal, ingresaba una parte del dinero en las cuentas corrientes del ayuntamiento y otra se la quedaba. Así es como actuaba el funcionario al que el Ayuntamiento de Gandia está investigando como presunto autor de un desfalco que, según ha podido saber este periódico, ascendería a una cantidad de entre 150.000 y 200.000 euros cometido a lo largo de varios años.
El concejal de Recursos Humanos y Administración, José Manuel Prieto, anunció ayer que el ayuntamiento ha abierto, mediante un decreto firmado por él mismo e instruido directamente por el interventor municipal, un expediente de información reservada para tratar de averiguar esas presuntas irregularidades. Pese a que se encuentra en una fase muy inicial, el propio funcionario, para sorpresa de sus compañeros y de los políticos, ya lo ha confesado.
Aunque Prieto, por recomendación de los servicios jurídicos, declinó dar detalles sobre la investigación, este periódico pudo averiguar que se trata de Vicente S. F., una persona de la confianza de los distintos responsables políticos que han gestionado el cementerio y que se encargaba del cobro de las tasas. Es funcionario desde hace 36 años.
La primera medida que tomó el Gobierno local fue la de suspenderle de empleo y sueldo, por lo que ayer mismo ya no acudió a su puesto de trabajo.
Los representantes municipales habían detectado presuntas irregularidades en las cuentas de su departamento desde hacía tiempo. Por ello, siempre según las fuentes consultadas por este periódico, empezaron a pedirle cierta documentación para tratar de aclarar el asunto hasta que él mismo acabó reconociéndolo.
El objetivo del expediente abierto es conocer el alcance real del desfalco, es decir, la cantidad exacta que se habría apropiado y el tiempo durante el que ha estado realizando esta práctica. Otro de los aspectos a estudiar es el de saber si puede haber otras personas implicadas en el asunto.
Una vez concluya el expediente y según sea el resultado del mismo, el ayuntamiento estudiará si eleva informe a la fiscalía para que estudie si hay o no delito o bien presentar directamente denuncia contra el trabajador suspendido.
«Estas acciones irán siempre de la mano de la defensa del interés general, de la ciudadanía y de la reputación del Ayuntamiento de Gandia y de la ciudad», apuntó el concejal José Manuel Prieto.
