El Ministerio de Fomento ha iniciado el proceso para expropiar alrededor de 250.000 metros cuadrados de terreno, en su mayor parte destinados actualmente a la agricultura, para la construcción del enlace que permitirá conectar la N-332, la carretera de Pego y la autopista AP-7.
Este proceso afecta a 145 propietarios que percibirán la cantidad que la Administración considere justa por sus parcelas y que ya han sido notificados para que puedan ejercer las acciones que estimen oportunas.
Esta iniciativa supone un paso más en el camino de completar el proceso administrativo que debe llevar, en teoría todavía dentro de este mismo año, a la aprobación y licitación de las obras de la nueva carretera del llamado enlace sur de Oliva. Se trata de una obra fundamental que evitaría que miles de vehículos atraviesen el casco urbano de Oliva, y también los de Bellreguard, Palmera y l'Alqueria de Comtessa.
El proceso expropiatorio tiene como misión la ocupación de los terrenos en el momento en que la empresa adjudicataria pueda iniciar las obras, algo que está previsto para el año próximo, dado que, como en su día se lamentó, los Presupuestos del Estado para este 2017 no contemplan la suficiente cantidad de dinero para una obra que cuesta casi treinta millones de euros.
El alcalde de Oliva, David González, destacó ayer, al tener conocimiento de este nuevo paso en la línea de lo que quiere el ayuntamiento, «el trabajo conjunto y persistente que se hace desde el ayuntamiento, de forma coordinada con la Delegación del Gobierno, para que el expediente avance tan rápidamente como sea posible», y pidió que los Presupuestos del Estado de 2018 incluyan el dinero para las obras.
En todo caso, el plazo de ejecución previsto de esta actuación es de dos años, de manera que, como pronto, la nueva carretera no estaría terminada antes de los primeros meses de 2020. Oliva, y toda la Safor, esperan desde hace décadas un proyecto que, a todas luces, ya tendría que haberse ejecutado.
