El expediente de información reservada abierto por el Ayuntamiento de Gandia a raíz del presunto desfalco cometido por el funcionario que gestionaba el cementerio municipal ha determinado que hay indicios de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, así como una apropiación indebida de dinero público cometida repetidamente durante varios años.

Por ese motivo, el Gobierno local informó ayer a los portavoces de todos los partidos políticos su disposición de enviar un escrito de denuncia a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas para que, en función de sus competencias, inicien el procedimiento que estimen oportuno.

Estos hechos se llevan a cabo después de que, entre las primeras acciones de ese expediente reservado, se haya tomado declaración a la persona afectada, Vicente S. F., quien ha confesado los hechos, como en su día ya reconoció en declaraciones a este periódico.

El concejal de Administración, José Manuel Prieto, también señaló ayer que los hechos conocidos son «de una extrema gravedad», que se confirma un desfalco de entre 200.000 y 250.000 euros solo en los últimos cinco años y que la sustracción de dinero público está «demostrada». «Este ayuntamiento, que es una administración irreprochable y que quiere seguir siéndolo, iniciará cuantas acciones civiles sean necesarias para que se restituya el dinero», indicó el concejal, quien añadió que el consistorio «llegará hasta el final con absoluta contundencia» contra el funcionario que confesado los hechos.

Independientemente de lo que ya se sabe, el ayuntamiento quiere seguir rastreando en el tiempo para determinar desde cuándo se han producido las sustracciones de dinero por la prestación de servicios funerarios. De hecho, uno de los motivos de remitir el escrito a la Fiscalía es que, vía judicial, se pueda recabar el testimonio de responsables de empresas funerarias y de otras personas por si existe algún tipo de implicación en todo este asunto.

El funcionario estuvo más de treinta años gestionando el cementerio, y algunos testimonios han señalado a este periódico que las irregularidades en esa instalación municipal se venían produciendo desde hace mucho.

«Era necesaria una actuación sin precipitaciones y acreditando cada uno de los pasos para que luego se puedan dirimir con todas las garantías las posibles acciones posteriores», indicó Prieto.

«Llegaremos hasta el final y el fondo de esta cuestión que afecta a algo tan sensible como es el dinero de todos y todo el mundo debe tener la certeza de que este gobierno perseguirá que se devuelva hasta el último euro», concluyó el concejal.