El Ayuntamiento de Gandia ha recuperado un millón de euros de un convenio que en 2007 firmó el entonces alcalde, José Manuel Orengo, para la construcción de un edificio de 25 viviendas protegidas destinadas al alquiler en la calle Músic Úbeda, frente al Museu Faller.
Ese convenio fue bloqueado posteriormente por la Conselleria de Vivienda que dirigía la hoy líder del PP valenciano, Isabel Bonig, a pesar de que el ayuntamiento reiteradamente le solicitó que se tramitara.
La directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rebeca Torró, anunció ayer en su visita a Gandia, junto a la alcaldesa, Diana Morant, que la Generalitat retornará a la ciudad ese millón de euros para la promoción de 25 viviendas de protección oficial.
Se trata de unas ayudas para la promoción de la vivienda que se aprobó en 2007 a través de un convenio entre el Ministerio y la Generalitat. Rebeca Torró explicó la cronología de lo acontecido y dijo que todas las administraciones cumplieron con los trámites burocráticos «a excepción de Isabel Bonig», entonces consellera de la Vivienda.
Según ha dictaminado ahora el Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana, el millón de euros se perdió y no llegó a Gandia «por la falta de interés del gobierno de la Generalitat Valenciana», según dicta el informe del mismo Consell.
«Gandia se quedó fuera de la financiación porque Bonig no firmó el acuerdo con el Ministerio. Otros expedientes de vivienda protegida con otros ayuntamientos sí se aprobaron pero no el de Gandia, y no sabemos por qué», dijo Rebeca Torró, quien recordó que en la anterior legislatura, en Gandia gobernaba el popular Arturo Torró y que sólo hizo la reclamación de esta subvención en una ocasión.
La directora general ha explicado además que dado que la promoción ya ha finalizado para el Ministerio, ahora tendrá que ser la Generalitat la que se haga cargo de su parte de financiación y la del Ministerio.
Cambio de gobiernos
Cuando Diana Morant alcanzó la alcaldía de Gandia, que coincidió con el Pacte del Botànic que apartó al PP del Consell de la Generalitat, el ayuntamiento volvió a insistir en recuperar ese millón de euros, algo que ha quedado avalado por el dictamen contundente del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
El millón de euros llegará a Gandia en unos meses y se destinará, según ha explicado la alcaldesa Diana Morant, a pagar el agujero económico de la empresa pública IPG porque las viviendas ya se construyeron y entregaron a sus propietarios en el año 2011.
La alcaldesa de Gandia recordó ayer que la Generalitat ha devuelto a la ciudad alrededor de seis millones de euros que se perdieron en la anterior legislatura gobernada por el PP en la administración autonómica: primero con las viviendas del nuevo complejo urbanístico de Simancas (cerca de 5 millones de euros), y ahora con estas viviendas.
