Los alcaldes de la comarca de la Safor tienen marcado el mes de agosto en rojo. No por que se tomen algunos días de descanso, que posiblemente también, sino porque es, habitualmente, cuando conocen la liquidación de la participación en los tributos del estado, esto es, la parte que les corresponde del cobro de impuestos como por el alcohol, IVA, gasolina, tabaco o IRPF, entre otros.

Normalmente se conocen los resultados de la liquidación de dos años antes, por lo que ahora acaban de saber el cálculo del 2015 y pueden respirar tranquilos. A la gran mayoría de los ayuntamientos les sale a cobrar. En global, los municipios de la Safor ingresarán algo más de un millón de euros. De los 31 consistorios, solo a cuatro les sale a pagar. Son Almiserà, que deberá devolver 1.213 euros al Estado, Castellonet de la Conquesta, con un excedente de 1.062, Simat de la Vall-digna, al que le toca abonar 1.006 euros y Barx (2.678 euros). El resto recibirán distintas cantidades de dinero, que si bien no suponen grandes fortunas sí que servirán para poder incrementar algunas partidas de sus presupuestos municipales del próximo año.

La capital comarca, Gandia, recibirá 625.114 euros de la liquidación de 2015. A eso se le sumarán otros 85.000 de la de 2014, lo que supera los 700.000 euros que anunciaba la pasada semana el coordinador general de Economía y Hacienda, Salvador Gregori, en rueda de prensa. Según explicó ayer a Levante-EMV el propio responsable político, hace poco conocieron que el ministerio que dirige Cristóbal Montoro había llevado a cabo una nueva liquidación de la participación en los tributos del Estado del 2014 y que a Gandia le correspondían de ese ejercicio otros 85.000 euros, que le son muy bienvenidos a unas arcas municipales en el estado en el que se encuentran las de la ciudad ducal.

El segundo municipio que más ingresará es Tavernes de la Valldigna con 102.128 euros, seguido de Oliva, que recibirá del Estado 101.407 euros.

En el siguiente escalón ya se encuentra Villalonga, con algo más de 25.200 euros de excedente y los 19.439 de Piles o los 18.918 de Almoines.

Esta situación contrasta con la que vivieron los ayuntamientos hace dos veranos. En 2015 conocieron la liquidación del 2013 y no les hizo nada de gracia que les saliera a pagar más de dos millones de euros en total. Lo mismo ocurrió en los años 2008 y 2009, con el PSOE en el Gobierno y José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. Entonces, el PP, en la oposición, incluso llamó a los ayuntamientos a la insumisión para no pagar esas cantidades.

Cada año, el ministerio de hacienda hace una previsión de lo que cree que cada consistorio de España cobrará por una serie de impuestos. En base a esa previsión, mes a mes, el Estado paga las llamadas Entregas a Cuenta de la participación en los tributos del Estado. A final de año se realiza la liquidación, que no se conoce hasta dos ejercicios después.

Si la previsión fue conservadora, que es lo más lógico, y es menor lo que se ingresa que lo que se calculó, a los ayuntamientos les corresponde cobrar esa diferencia. Eso es lo que habitualmente ocurre. Sin embargo, se puede dar el caso de que Hacienda haga unos cálculos demasiado optimistas y que, al final, resulte que ha pagado a los municipios más de lo que realmente han cobrado. Es entonces cuando a los ayuntamientos les duele.