La Diputación de València ha puesto en marcha en pleno mes de agosto el tercer paquete de ayudas a los municipios del denominado plan para Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). A la comarca de la Safor le corresponden un total de 2 millones de euros, que podrán ser invertidos por parte de los ayuntamientos en proyectos cuyo mantenimiento no suponga un quebranto para las cuentas municipales, ya que esa es la principal condición de este programa.
El tercer IFS, una línea de inversiones sostenibles que ha dejado ya más 100 millones de euros en las comarcas valencianas, tendrá un plazo de presentación de proyectos que se prolongará hasta finales de septiembre, periodo en el que los ayuntamientos tendrán que poner en marcha su maquinaria para dar forma a esas actuaciones de mejora pendientes o a proyectos demandados por los vecinos que pueden tener cabida en el plan.
El caso de la comarca de la Safor están incluidos en las ayudas todos los municipios menos Gandia, ya que se trata de ayudas que están destinadas a municipios de menos de 50.000 habitantes y en la Safor la capita es la única que supera ese número.
Así, la localidad con mayor asignación es Oliva, que percibirá algo más de 126.000 euros, seguido de Tavernes de la Valldigna, con más de 110.000. A Bellreguard le corresponden 85.825, mientras que Xeraco dispondrá de 80.297 euros y Villalonga 74.349 euros.
Gracias a planes de este tipo, se han llevado a cabo proyectos como la peatonalización del Pont Vell d'Oliva de Gandia, la rehabilitación de las casetas de la plaza del Tirant, la habilitación de la zona verde del recinto ferial o la creación de una radio pública en Tavernes de la Valldigna.
La corporación provincial va a invertir 21,8 millones de euros de los 33,3 del superávit del 2017 a la puesta en marcha de este nuevo plan, el tercero de la legislatura tras los 70 millones invertidos en los 266 municipios de la provincia nada más entrar el nuevo equipo de gobierno y los 12 millones de un segundo IFS destinado a los municipios de menos de 5.000 habitantes.
Los criterios a la hora de determinar el reparto entre los municipios valencianos son los mismos que se emplearon en el Plan de Servicios y Obras Municipales (SOM). Es decir, una cantidad fija para todos los municipios y otra variable en función de criterios como el número de habitantes, que pondera un 30%, el coste efectivo de los servicios, la superficie (10%), la tasa de desempleo (10%), los núcleos de población separados, como aldeas y pedanías (4%) y la pertenencia al Pacto de Alcaldías, con actuaciones contra el cambio climático (3%).
La intención de estos planes es la de «reconocer que los alcaldes y alcaldesas son los que mejor conocen las necesidades de sus vecinos», indican desde el ente provincial, pero, como asegura el presidente, Jorge Rodríguez, «necesitan una financiación suficiente y adecuada para poder asumir competencias y demostrar su responsabilidad en respuesta a la autonomía que siempre decimos que deben tener».
Para la vicepresidenta, Maria Josep Amigó, «lo más importante es que hemos acabado con el clientelismo y los favoritismos y estamos poniendo la diputación al servicio de las personas, en colaboración con el resto de administraciones, con las que cooperamos en lugar de competir», indicó.
La dirigente también destacó que los planes que se están llevando a cabo desde la diputación esta legislatura «han simplificado su tramitación e introducido criterios sociales en la distribución de las ayudas».
