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Los ayuntamientos destinan 5 millones más a pagar a los bancos que a ayudas sociales

El gasto total de los municipios de la Safor durante el año 2016 fue de más de 85 millones de euros - Las medidas de protección a personas más vulnerables supusieron solo un 6% de los pagos, mientras que a la deuda pública se atribuyó el 12,1%

Las personas mayores son destinatarias de los servicios sociales de los ayuntamientos. levante-emv

Los ayuntamientos de la comarca de la Safor, quitando el de Gandia, gastaron a lo largo del año 2016 un total de 85,1 millones de euros. Así se desprende de los datos del avance de la liquidación de los presupuestos del pasado ejercicio que ofrece el Ministerio de Hacienda. Pero, ¿cómo invirtieron los municipios esa cantidad? El departamento que dirige Cristóbal Montoro publica anualmente esa información y lo hace, además, desglosándola por áreas.

Así, el apartado al que más dinero destinaron los consistorios de la comarca fue el de «servicios públicos básicos», que recoge actuaciones en materia de seguridad y movilidad, vivienda y urbanismo, bienestar y medio ambiente. En concreto, el gasto municipal en esta materia ascendió a 29,7 millones de euros, es decir, un 35% del total de los 30 ayuntamientos durante el 2016.

El análisis de estos datos también permite corroborar que, aunque se han reducido de forma considerable en los últimos años, los gastos financieros siguen siendo un importante lastre para las arcas municipales, una situación que es fruto de aquellos años en que los ayuntamientos vivieron peligrosamente y gastaron a manos llenas, en algunos casos para hacer acopio de megaproyectos que, vistos en perspectiva, no eran ni necesarios. Así, los municipios gastaron, según la liquidación presupuestaria del 2016, un total de 10,4 millones de euros en el apartado «deuda pública». Esta área abarca el abono de intereses, amortizaciones de créditos y demás operaciones financieras de naturaleza análoga, un total de 10,4 millones de euros, un 12,2% del gasto total. Se trata de una magnitud que, desgraciadamente para las administraciones locales, sigue teniendo demasiado peso en sus cuentas anuales.

Eso sí, respecto al 2015, se ha reducido en un 14%, lo que indica que los ejecutivos están cumpliendo el mandato de Cristóbal Montoro de sanear las cuentas de las entidades locales. A muchos alcaldes, sin embargo, les pesa esta situación, en tanto que se ven obligados a invertir sus superávits en cubrir deuda y no en otras cuestiones que consideran más prioritarias.

No ocurre así, por ejemplo, en lo que respecta a las ayudas sociales. Pese a los esfuerzos de los gobiernos locales por no dejar desamparadas a las familias con más necesidades, los municipios destinaron el año pasado justo la mitad que a pagar a los bancos, al apartado «actuaciones de protección y promoción social», que incluyen gastos liquidados en pensiones de funcionarios, atenciones de carácter benéfico y asistencial, atenciones a grupos con necesidades especiales, como son los jóvenes, mayores, personas discapacitadas y tercera edad, o las medidas de fomento del empleo.

En concreto, bajo el paraguas de las ayudas sociales, los ayuntamientos de la Safor invirtieron 5,1 millones de euros. Lo que es lo mismo: De cada cien euros del presupuestos solos seis se destinaron a medidas de protección a personas desfavorecidas.

La segunda de las magnitudes en la que más se invierten los impuestos de los vecinos de la Safor son las llamadas «actuaciones de carácter general». Aquí las administraciones destinaron 20,1 millones de euros, lo que supone un 23,6% del total de los pagos que acumularon a lo largo de todo el año. En este apartado se incluyen los gastos del gobierno, de las funciones de apoyo administrativo y soporte técnico de las entidades locales.

La «producción de bienes públicos de carácter preferente» (sanidad, educación, cultura, ocio y tiempo libre, o deporte) supuso un gasto total de 19,1 millones de euros, siendo la tercera área que más dinero requirió de parte de los ayuntamientos, por detrás de los servicios públicos básicos y las actuaciones de carácter general.

El apartado que menor gasto generó fue el de «actuaciones de carácter económico», en el que se incluyen actividades, servicios y transferencias para potenciar la actividad económica, infraestructuras y transportes, comunicaciones, investigación, desarrollo e innovación, en la que los ayuntamientos gastaron 3,3 millones de euros.

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