La tensión política en Villalonga ha llegado a un punto en el que la situación es casi insostenible. El enfrentamiento entre el alcalde, Enric Llorca, y el sindicato UGT, a parte del que libra con la oposición y con dos concejalas tránsfugas desde el principio de la legislatura, es tan crudo que hasta el propio Llorca ha llegado a contratar a un detective privado para que investigara a un trabajador de la brigada municipal, delegado sindical de esta formación, que se encontraba de baja por depresión desde hacía varios meses.
El asunto lo revelaron ayer, a través de un comunicado conjunto, Alicia Gomis y Lidia Reig, las edilas del grupo mixto que se presentaron a las elecciones en las listas del PSOE, y el grupo municipal de Compromís, pero lo confirmó a este periódico el propio alcalde.
Llorca explicó que este trabajador, que forma parte de la brigada municipal, cogió la baja después de mantener un enfrentamiento verbal con él «ya que yo consideraba que no trabajaba de la forma adecuada», señaló el alcalde.
Tras unos meses sin ir a trabajar, «me llegaron comentarios de que esta persona, que está cobrando el cien por cien del sueldo por el acuerdo al que llegamos con los sindicatos, estaba llevando a cabo trabajos ilegales», explicó Enric Llorca. Fue entonces cuando decidió contratar a un detective privado.
Según la máxima autoridad municipal, este profesional siguió a la persona en cuestión «durante siete u ocho días» durante los que «tomó alrededor de 400 fotografías en las que se evidenciaba que, efectivamente, estaba trabajando en una obra, en negro, cuando en realidad estaba de baja de su trabajo en la brigada municipal», señaló ayer. Además, Llorca denunció que esta misma persona hizo uso de recursos municipales, aprovechando su posición, para llevar a cabo estos trabajos. El alcalde está convencido de que la obra en la que se encontraba «no era un inmueble de su propiedad» y que «trabajaba solo».
El informe del investigador derivó en un expediente disciplinario que concluyó con la suspensión de empleo y sueldo de este trabajador público por un periodo de tres años. El afectado, por su parte, niega los hechos de los que le acusa y desde UGT denunciaron ayer que el alcalde no les ha dejado ver el expediente «pese a que tenemos derecho», señalaron desde la formación sindical.
Además, consideran que se trata de «una cuestión de acoso porque -el trabajador- no quiso hacer lo que le pidió el alcalde». También creen que todo este asunto nace del enfado de Llorca «contra el posicionamiento de UGT» y aseguran que «vamos a defender a este empleado tanto por la vía social, que es la primera que tenemos por delante, como por la penal, actuando tanto contra el alcalde como contra el concejal de personal», indicaron.
Críticas de la oposición
Por su parte, tanto desde Compromís, como las concejalas del grupo mixto denunciaron ayer lo que para ellos supone «una persecución personal a todo aquel que se atreve a llevar la contraria al alcalde». Aseguran que Llorca humilló a este trabajador llamándole «perro» delante de otros compañeros. También denunciaron que la actuación por parte del ayuntamiento es «injusta y desproporcionada» y critican que el primer edil «despilfarre recursos públicos contratando detectives privados y asesoramientos externos para redactar y tramitar todo el expediente disciplinario».
Los ediles de la oposición, por último, pidieron al alcalde que «reconsidere este despropósito y deje sin efecto la sanción propuesta».
