El PP de Gandia pidió ayer al Gobierno local «mano dura» para actuar contra las personas que ocupan ilegalmente viviendas vacías de la ciudad y que causan graves problemas de convivencia entre los vecinos del mismo inmueble o entre el vecindario.
El portavoz del PP, Víctor Soler, acompañado por el concejal Andrés Puig, aseguró ayer que en materia de Seguridad Ciudadana el Gobierno local «no está haciendo los deberes», acusó a la alcaldesa, Diana Morant, de «tolerar» la ocupación de pisos vacíos y pidió que se recupere el proceso que siguió el anterior alcalde, Arturo Torró, para acelerar el vaciado y el tapiado de los inmuebles en esa situación.
Según Soler, en los últimos años se ha incrementado el número de pisos ocupados por personas «que vienen a Gandia a delinquir», e indicó que, bajo su punto de vista, debería constituirse una Mesa Local de Seguridad específica para abordar este problema.
El portavoz del PP recordó que, en la pasada legislatura, la actuación impulsada por el Ayuntamiento de Gandia coordinando distintas policías, servicios sociales y la justicia permitió vaciar y tapiar alrededor de trescientas viviendas en la ciudad.
En respuesta a Soler y Puig, el Gobierno local negó que existan más casos de ocupaciones ilegales en Gandia y aseguró que se está actuando con la máxima celeridad en la medida de las posibilidades y de las competencias legales de un ayuntamiento.
El portavoz del Gobierno, José Manuel Prieto, y la responsable de Seguridad, Àngels Pérez, criticaron que el PP difunda este tipo de problemas que son «sensibles» y aseguraron que la ocupación ilegal de viviendas y las actuaciones para solucionarlo se comunican en todas las Juntas de Seguridad.
Para los dos responsables del Gobierno no es cierto que a Gandia acudan delincuentes para ocupar viviendas, y concluyeron arremetiendo contra los dirigentes del PP por haber dicho que en esta ciudad se está facilitando el empadronamiento y que eso es lo que les anima a venir.
Como en otras muchas localidades, la ocupación de viviendas se produce, fundamentalmente, en aquellos inmuebles que han quedado abandonados, la mayoría de ellos propiedad de los bancos, que casi siempre se desentienden y no denuncian estas actuaciones, lo que impide actuar para vaciarlas y tapiarlas.
