El conflicto en el colegio de la Font d'en Carròs entre la administración autonómica, que tiene la obligación de escolarizar a los alumnos, y los padres, a los que apoya el ayuntamiento, se agrava, al seguir negándose estos últimos a que los menores reciban clase en el centro por el pésimo estado del edificio. En una asamblea celebrada el viernes por la noche en la Casa de la Cultura, convocada por la AMPA del Francesc Carròs, la mayoría de los padres decidió que mañana lunes los niños tampoco accedan al inmueble.
Esta semana los menores no han recibido clases, ya que a los dos días festivos (lunes 9 y jueves 12) se sumó una serie de protestas promovidas por los padres tras aparecer hace quince días una grieta en el aula de sexto de Primaria, la gota que ha colmado el vaso de su paciencia. Y en los próximos días todo apunta a que seguirá el malestar, al menos si no hay una labor de mediación o se adoptan medidas urgentes.
El viernes a mediodía, como ya informó este periódico, padres y alumnos pusieron rumbo a València en autobuses y protestaron ante la sede de la Conselleria de Educación. Después, responsables de la Conselleria, entre ellos el director territorial, Santiago Estañán, recibieron en el despacho a una delegación de nueve personas de la Font para analizar la situación. De ahí surgieron una serie de compromisos, como realizar informes técnicos mensuales para verificar si hay riesgo arquitectónico, permitir que el ayuntamiento adelantara el dinero para reparar la grieta o priorizar la construcción del nuevo colegio.
La misma noche del viernes el AMPA convocó una reunión en la localidad en la que se informó sobre el contenido de esa entrevista en València. A la cita acudieron, además de los padres y familiares, el alcalde, Pablo Puig; la concejala de Educación, Celia Escrivà; y la directora del centro, Quina Barba; en total unas 150 personas.
Sin embargo, el cónclave, lejos de apaciguar los ánimos, se convirtió en una asamblea en la que los participantes sometieron a votación, a mano alzada, dos propuestas: que los niños volvieran a clase el lunes o reubicarlos en dependencias municipales, algo para lo que el ayuntamiento, gobernado por el Partido Socialista, había mostrado su predisposición. Finalmente, por mayoría absoluta se decidió seguir con las protestas y mantener la postura de que los niños no entren, si bien se respetará a aquellos padres que sí quieran dejarlos, ya que el colegio mañana abrirá sus puertas con total normalidad, y allá dentro estarán los profesores.
Durante esa mañana se debatirá sobre un eventual traslado de los niños, todos de Infantil y Primaria, a instalaciones municipales, tales como la biblioteca, el Centre Polivalent, o incluso la «escoleta», que gestiona una empresa privada.
Tanto la presidenta del AMPA, Cristina Naranjo, como la concejala Escrivà y el alcalde Puig aseguraron ayer a este periódico que el director territorial en la reunión del viernes les dio el «permiso verbal» para proceder a este desalojo progresivo del colegio, un extremo que este periódico no pudo contrastar ayer con la Generalitat. Por otra parte, lo lógico sería que si así se decidiera, se comunicara por escrito.
«Ningún técnico ni político de la Conselleria quiere firmar nada, ni para certificar que no hay peligro ni para asegurarnos lo contrario», explica Naranjo. Desde la AMPA añaden que esa falta de concreción y de información, en uno u otro sentido, es lo que más irrita a los padres, por lo que están dispuestos a llegar «hasta las últimas consecuencias» aunque sea a costa de que los niños pierdan clase como medida de presión.
Apoyo del gobierno local
En esta batalla les apoya el Gobierno local. De hecho el alcalde se reunió ayer sábado con la directora del colegio para activar el traslado a edificios municipales, con independencia de que llegue o no una autorización oficial por parte de la Generalitat.
«El lunes habrá un claustro de profesores para que cada uno exponga sus necesidades y podríamos empezar a acondicionar los espacios ese mismo día o el martes», señaló Pablo Puig, quien confesó que esa es «la única solución que podemos ofrecer como administración local».
Por otra parte, el informe del técnico municipal que esta semana visitó las instalaciones del Francesc Carròs no estará listo hasta dentro de diez o quince días, y el ayuntamiento está dispuesto a adelantar todos los trámites para reparar la grieta que ha desatado esta crisis, siempre, obviamente, que al final el colegio no vaya a ser desalojado definitivamente y se opte por otros espacios para la docencia.
El alcalde socialista asegura que han sido muchas las reuniones con responsables de la Generalitat, no sólo en esta legislatura sino en la anterior, sin que existan novedades. Por ello antepone el interés del municipio a otros y opina que es necesario presionar a la Conselleria para que adopte soluciones que satisfagan a los padres de alumnos.
