Dos años y medio después del cambio político en las instituciones valencianas, el cadáver de la macroplanta de residuos de Llanera de Ranes continúa enfriándose en el congelador y su funeral aún no se ha oficiado. En marzo de 2016, la asamblea del Consorcio de Residuos de la Safor, la Vall d'Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés y el Valle de Ayora (COR) acordó por amplia mayoría solicitar a la Generalitat que diera carpetazo al proyecto para iniciar el camino hacia un nuevo modelo multiplanta.

Las poblaciones de Vallada, Bufali y Ròtova se postularon para acoger o ampliar infraestructuras de tratamiento alternativas. A día de hoy, sin embargo, el expediente del vertedero de Llanera permanece atascado en el laberinto administrativo y no se ha suspendido la tramitación de los permisos ambientales: quedan muchos escollos por resolver.

El prolongado escenario de bloqueo preocupa a los responsables del COR, mientras la inquietud y el desconcierto se adueña de los ayuntamientos, especialmente de aquellos que ofertaron terrenos para albergar las nuevas plantas y, un año y medio después, aún esperan alguna noticia al respecto.

Es el caso de Ròtova, donde el alcalde, Antonio García, que prometió una consulta para poder ubicar una planta en la localidad, no ha podido desarrollar esa iniciativa ante la ausencia de reacción por parte del COR proponiendo los lugares donde situar las instalaciones de basura.

Por su parte, en Vallada necesita dar una salida cuanto antes a la superficie paralizada de Valpark para reducir su gigantesca deuda y ya baraja otras alternativas. En este municipio la alcaldesa también quería promover una consulta a todos los vecinos.

La consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, pide paciencia y garantiza el entierro definitivo del proyecto de Llanera, previsiblemente antes de acabar el año. Sin embargo, la poda del contrato de 460 millones de euros que se adjudicó a la UTE Vytrusa en 2009 desencadena una serie de temores en la conselleria por la inseguridad jurídica y las implicaciones económicas de una indemnización a concesionaria. Las dudas, a su vez, ralentizan la toma de decisiones. Con el nuevo esquema, la empresa -que en la actualidad apenas obtiene rentabilidad de la concesión- debería renunciar a la inversión de 90 millones que iba a inyectar en la planta de Llanera: esta cifra se recortaría a 40 millones y sus beneficios menguarían en consonancia.

«Cooperación» de la concesionaria

El COR apremia a Medio Ambiente a abrir el melón cuanto antes, con iniciativa política y valentía, ante el miedo de que la posible autorización ambiental de las antiguas instalaciones -la tramitación ha seguido su curso y cuenta con informes favorables- acabe llegando y dinamite sus planes. Los responsables del organismo que engloba a 93 municipios de la Safor, la Vall d'Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés y el Valle de Ayora ponen varios argumentos encima de la mesa. El principal es que el proyecto de Llanera «no se adapta a la legislación estatal y europea vigente» y arrastra una fuerte contestación social y política en contra. También el consistorio de Llanera, gobernado por Cs, ha renegado del mismo.

Desde el Consorcio recalcan la voluntad de la UTE concesionaria de cooperar en la transición de la hoja de ruta para amarrar la concesión. Aunque ambas partes mantienen pleitos en los tribunales, se trabaja en un acuerdo para minimizar el coste económico de la operación. La ausencia de instalaciones propias de tratamiento y eliminación obliga al COR a repartir sus 132.000 toneladas de basura por toda la Comunitat Valenciana, de modo que los costes de gestión se disparan y ello repercute en el recibo de los vecinos. Los gestores del ente exhiben el consenso político transversal logrado para diseñar un modelo «más innovador, sostenible, barato y flexible con la realidad geográfica y social de un territorio rural y disperso». Muchas promesas aún por cumplir.