10 de noviembre de 2017
10.11.2017

El Ayuntamiento de Gandia pagó en 2015 más de 8 millones con reparos de legalidad

La inyección de 6,5 millones a la empresa IPG, las subvenciones de 1,6 a las asociaciones locales y 150.000 euros del plan Xarxa Llibres no podían realizarse. El informe de la Sindicatura de Comptes sitúa en el PP la mayor parte de las operaciones

10.11.2017 | 10:54
El alcalde, Arturo Torró, y otros concejales del PP, con representantes de entidades a las que subvencionó en 2015, cuando ya no podía hacerlo.

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, órgano encargado de fiscalizar las cuentas de las administraciones valencianas, entre ellas las de los municipios de más de 50.000 habitantes, ha revelado que el Ayuntamiento de Gandia realizó a lo largo del año 2015 operaciones financieras que incumplían la ley por un valor superior a los 8 millones de euros.

Así ha quedado reflejado en el Informe de Fiscalización de ese ejercicio, entregado la pasada semana a les Corts Valencianes y hecho público por ese organismo.

En el caso de Gandia, único municipio de la Safor analizado en el informe, la Sindicatura de Comptes en realidad no hace más que constatar lo que ya se sabía. Durante 2015, el año en que se celebraron las elecciones municipales que dieron paso al relevo del PP al PSPV-PSOE y Més Gandia en el Gobierno local, las cuentas del ayuntamiento incumplían casi todas las leyes habidas y por haber llamadas a evitar el colapso y la quiebra financiera.

Según señala el informe, la principal ilegalidad cometida, por la cuantía económica, fueron los más de 6,5 millones de euros transferidos a la empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG), una acción que, como indica el Síndic de Comptes, no se podía realizar porque el ayuntamiento estaba en una situación de inestabilidad presupuestaria, es decir, gastaba más de lo que ingresaba, y, además, sometido a un Plan de Ajuste Económico que le obligaba a hacerse cargo exclusivamente de pagos relacionados con sus competencias directas.

El informe de la Sindicatura de Comptes no detalla las fechas de esas operaciones ilegales, pero, como averiguó ayer este periódico, la mayor parte del dinero a IPG se transfirió antes del 13 de junio de 2015, es decir, todavía con el Gobierno local del PP. Posterior a esa fecha también existe inyección de dinero a la empresa pública y esa responsabilidad ya corresponde al nuevo Ejecutivo del PSPV-PSOE y Més Gandia.

Sí recae al PP en exclusiva el pago ilegal de 1,6 millones de euros a un total de 99 asociaciones culturales, deportivas y benéficas de Gandia que tuvo lugar en enero de 2015, cuando el entonces alcalde, Arturo Torró se hizo la foto con los presidentes de la mayoría de esas entidades para entregarles el dinero público. Aquel acto fue tachado de «electoralista».

En cambio, es responsabilidad del actual gobierno, dirigido por Diana Morant, que en diciembre de 2015 se aprobara el pago del programa Xarxa Llibres, financiado por la Generalitat, la Diputación de València y los ayuntamientos, para pagar los libros a los escolares que cursan niveles de enseñanza obligatoria. Según la Sindicatura de Comptes, en esa operación el ayuntamiento abonó algo más de 150.000 euros.

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