Hace cerca de un año el Ayuntamiento de Gandia, uno de los más endeudados de España, con casi 280 millones de euros sobre la espalda de todos sus vecinos, logró entrar en la senda de la legalidad en la gestión económica, un hito que, aunque se trate de algo lógico, en absoluto era sencillo si se analiza la situación con la que se encontró el Gobierno local tras la última legislatura del PP.

Ayer el consistorio anunció otro paso no menos importante. Acaba de abonar 9 millones de euros a varias empresas y así pone fin a la deuda a proveedores que también heredó en 2015. En dos años y medio de gestión del Gobierno formado por el PSPV-PSOE y la coalición Més Gandia, que en el aspecto económico cuenta con el respaldo de Ciudadanos, cientos de empresas han percibido los 71 millones de euros en facturas atrasadas, de los cuales, cuando cambió la legislatura, 55 eran pagos reconocidos y otros 16 millones lo formaban obligaciones sin consignación, lo que popularmente se conoce como facturas en los cajones.

Desde ahora, Gandia también pasa a ser un municipio «normal» y, como marca la ley, está pagando las facturas que genera en solo 35 días, algo insospechado desde hace años.

La envergadura de la noticia hizo que salieran a anunciarla los pesos pesados de las formaciones políticas que, en junio de 2015, se marcaron el objetivo de poner fin a la quiebra financiera de un municipio que vivió una desenfrenada fiesta de gastos sin tener en cuenta sus ingresos. La alcaldesa, Diana Morant, la vicealcaldesa, Lorena Milvaques, y el concejal Ciro Palmer destacaron que este hecho se ha conseguido «en tiempo récord», y añadieron que ahora solo queda asumir alrededor de 10 millones de euros que quedan pendientes de la empresa municipal IPG, en fase de liquidación.

Según Morant, Milvaques y Palmer, si se tienen en cuenta decenas de acciones llevadas a cabo desde junio de 2015 en todos los campos económicos, desde que ellos tomaron las riendas para restablecer el orden, el ahorro para el ayuntamiento es de 194 millones de euros, cifra que incluye un controvertido acuerdo que el exalcalde Arturo Torró adoptó con Aguas de Valencia que obligaba a abonar 96 millones de euros, y que ya ha sido revertido.

«Hemos recuperado la senda de la reputación y de la seriedad, y todo a pulmón, sin ningún plan de Pago a Proveedores», dijo Diana Morant. «Lo importante es reducir la deuda, pagar a los proveedores y hacerlo en un tiempo legal y razonable», señaló Lorena Milvaques. «Nunca antes un partido en la oposición había hecho tanto esfuerzo, en lo político y en lo personal», concluyó Ciro Palmer.

Y, en boca de la alcaldesa, los tres lamentaron y criticaron que, pleno tras pleno, los concejales del PP hayan votado en contra de reconocer las facturas surgidas de los encargos realizados en la pasada legislatura.

Salir de la quiebra es importante, pero este municipio tendrá que ir pagando su deuda a los bancos al menos hasta el año 2032. Y la vuelta a la senda de lo económicamente previsible también permite que, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, Gandia esté negociando con el Ministerio de Hacienda una reducción de impuestos, algo a lo que aspiran los tres grupos políticos que, también con sus votos, los subieron en 2015 para poder pagar los excesos del pasado.