La audiencia provincial de València ha archivado la denuncia por prevaricación que un agente de la Policía Local de Tavernes de la Valldigna presentó contra el Gobierno local al considerar que se estaba tratando de forma diferente a personas multadas afines a Compromís y a las que, o bien no simpatizaban con la formación, o eran de fuera.
El auto, al que ha tenido acceso este periódico, deja claro que no se aprecian indicios de delito en la actuación que haya podido desarrollar el consistorio y que, en todo caso, sería una cuestión que debería dirimirse por la vía administrativa y no por la penal, como pretendía el denunciante.
El asunto se remonta a mayo del 2015. A pocos días de las elecciones municipales de ese año, se conoció que un policía había presentado una denuncia en la que indicaba que a varias personas se les habían quitado o rebajado la gravedad de multas que él había impuesto por el incumplimiento de ordenanzas municipales como la de tenencia de animales o la de terrazas de bares y cafeterías. El escrito presentado ante el juzgado denunciaba que estos vecinos habían recibido trato de favor por ser «afines» a los nacionalistas.
El querellante apuntaba diversos ejemplos como los de vecinos a los que él sancionaba por tenencia de animales potencialmente peligrosos sin licencia, considerada como «muy grave», que fue revocada en la fase de tramitación dejándola solo en «grave» por no llevarlo atado, lo mismo que ocurre en varios ejemplos más.
En lo que respecta al reglamento de ocupación de la vía pública de los locales, el denunciante llega a asegurar que el propietario de uno de los establecimientos le dijo: «haz lo que tengas que hacer que ya hablaré yo con quien tenga que hablar.
La argumentación de la audiencia para archivar esta denuncia gira constantemente entorno a la misma idea: La ausencia de indicios de delito. La magistrada apunta que «la desigualdad en el trato en distintos expedientes administrativos difícilmente puede calificarse de arbitrariedad» y hace hincapié en que la actuación administrativa de los funcionarios y representantes públicos «tiene unos márgenes en los cuales se puede actuar legítimamente, existiendo procedimientos dentro de dicho ámbito para poder establecer la regularidad de la actuación administrativa». Se refiere a que el ayuntamiento quitó o rebajó sanciones cuando se trataba de personas que era la primera vez a las que se multaba por estas cuestiones y que, además, unos días después se instalaban en la legalidad obteniendo, por ejemplo, la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos.
La juez incluso destaca que el denunciante ni siquiera identificó a las personas del ayuntamiento que, supuestamente, habrían llevado a cabo esas prácticas. Contra este auto ya no cabe recurso.
«Fue una maniobra política»
El alcalde de Tavernes, Jordi Juan, se felicitó por la decisión judicial y apuntó que aquello fue «una maniobra política del PP para buscar un escándalo a escasos días de las elecciones». Para el primer edil, la formación utilizó «las prácticas más mafiosas que podía», ya que, según sus palabras «le prometieron a este agente una comisión de servicios en otra localidad». Según Juan «el PP vio que las elecciones se le iban de las manos y en un movimiento a la desesperada intentaron crear una duda judicial interponiendo una querella que solo buscaba enredar bajo el lema de 'difama que algo queda'».
