Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), la empresa de capital cien por cien municipal de la principal ciudad de la comarca de la Safor ya forma parte de la historia. Ayer mismo, la alcaldesa, Diana Morant, y los liquidadores, Francesc Pons, Vicent Mascarell, Salvador Marí y Emili Morant, firmaban ante notario el acta de defunción de lo que ha sido un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno local del PSPV y Més Gandia tras cuatro años en que se convirtió en un auténtico pozo sin fondo de gastos y deuda.
Se trata del penúltimo trámite para liquidar de forma definitiva IPG. El siguiente será el apunte de este acto administrativo en el registro mercantil para que la desaparición sea efectiva y, entonces sí, la empresa pública será algo del pasado para Gandia.
Con la firma formalizada ayer, el ayuntamiento pasa a asumir todos los bienes que le quedaban a la mercantil, así como los servicios que aún prestaba, los trabajadores y la deuda que queda por pagar, unos 6,5 millones de euros.
«Con esta cesión, el gobierno de Gandia, con el apoyo activo y la participación de Ciudadanos, termina el año 2017 cumpliendo una promesa: cerrar la empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia, que fue, en la pasada legislatura un foco de opacidad, de mala gestión y de deuda», indicaban ayer desde el consistorio gandiense a través de un comunicado.
La pasada semana, el Gobierno local daba a conocer el pago de cuatro millones de euros del total de la deuda a proveedores que pesaba sobre IPG y también la venta de las cocheras de Simancas, lo que supuso una operación muy importante, ya que se ha logrado cancelar un préstamo de cinco millones de euros que le permite soltar un lastre que, al final, habría asumido el consistorio.
Entre los servicios que prestaba IPG y que ahora pasa a manos del ayuntamiento está el de la grúa, cuyo proceso de adjudicación ya está abierto.
Durante la pasada legislatura, con Arturo Torró como alcalde de la ciudad y presidente de la mercantil, IPG se convirtió en una herramienta para llevar a cabo operaciones poco transparentes. Para el recuerdo queda aquella mítica frase del propio exalcalde en un cara a cara con Diana Morant: «Los enchufados están en IPG». A través de esta mercantil se contrataban asesores, se pagaba a una revista que alababa la figura de Torró y atacaba sobre todo al PSOE y se llevaron a cabo obras y otras operaciones de las que a menudo no se daba cuenta a la oposición.
Además, durante el mandato popular, el Ayuntamiento concedió créditos a IPG de varios millones de euros que después no fueron devueltos.
La historia de le empresa
Hace poco más de 10 años nacía Iniciatives Públiques, la matriz de tres empresas públicas que se crearon con una triple finalidad: Hacer accesible la vivienda en el momento de mayor vigencia de la burbuja inmobiliaria, promover la actividad del deporte e introducir en el sector turístico en el sistema productivo de la ciudad para gestionar uno de los motores económicos más importantes de Gandia. «Todas sus cuentas se aprobaron con balances económicos positivos, incluso el de 2011, que ya fue aprobado por un gobierno del PP en 2012», recordaban ayer desde el consistorio.
El PP unificó todas las empresas públicas, entre las que se encontraba la que gestionaba Gandia Televisió, y prometió que la cerraría ya en 2013. Acabó la legislatura y no lo hizo. Para el actual Gobierno local, el PP utilizó la mercantil como «una herramienta que condenó las futuras generaciones locales a tener que pagar las malas gestiones del ejecutivo popular».
En definitiva, señalaron ayer desde el Ejecutivo local, «IPG fue la herramienta favorita del PP, desde la que llevaron a cabo su política de clientelismo, enchufismo y gestión oscura del dinero de todos los gandienses».
